El Gobierno quiere que las eléctricas y los grandes consumidores suscriban cuanto antes contratos bilaterales a largo plazo. Está convencido de que así moderará los precios, al evitar los «desmadres» que ha detectado en el mercado mayorista y la diferencia entre los costes y la retribución que reciben las empresas por la tarifa. Este déficit ascendió a 386,6 millones de euros en el primer trimestre, por lo que el Ejecutivo «actuará» si los acuerdos no se alcanzan en un tiempo razonable, según adelantó ayer el secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura.

El responsable del Ministerio de Industria advirtió a las eléctricas que esos contratos deberán tener una duración de al menos 15 años y no sólo hasta 2010, año en el que desaparecerá la tarifa para la mayoría de los clientes. A los consumidores industriales les recordó que la factura energética tiene un peso distinto sobre los costes de cada sector, con lo que los contratos deberán adaptarse a cada situación.

El Gobierno se comprometió a colaborar para que las dos partes alcancen pactos. Fernández Segura afirmó que Industria valorará los «servicios» prestados por los grandes consumidores al sistema eléctrico (admiten que se les interrumpa el suministro y adaptan su consumo a los momentos de menor demanda para evitar apagones y a cambio de mejores precios) y sostuvo que los contratos habrán de ser «respetuosos» con el equilibrio financiero de las eléctricas.

Déficit tarifario

El secretario general de Energía también anunció que el Gobierno ha decidido que las eléctricas recuperen en 15 años -a partir del presente y hasta 2020- los 3.820 millones de déficit tarifario del ejercicio pasado. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la medida en julio, junto con una subida de la tarifa de en torno al 1,5% con la que empezará a retribuirles las perdidas. Las compañías podrán convertir en títulos estos derechos de cobro y negociar con ellos.

Por su parte, el director general de la patronal eléctrica Unesa, Mariano Cabellos, criticó la provisionalidad de los cambios en el mercado mayorista que el Ejecutivo impulsó en febrero. Estas reformas transitorias, alertó en una jornada sobre energía y siderurgia, provocan una «inseguridad regulatoria» que incrementa sus costes y que a la larga se trasladará a los precios que pagan sus clientes.