El acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno vasco y Eudel debería facilitar de forma definitiva la aprobación, por parte del Parlamento autonómico, de la Ley Vasca del Suelo, tras un tortuoso proceso que incluye un compromiso previo entre el Ejecutivo y el PSE-EE que, en principio, fue recibido con reticencias por el PNV. Si lo pactado se convierte definitivamente en texto legal, se habrá corregido una injustificada excepción, la de ser la única comunidad autónoma sin disponer de una norma básica para regular y dar cobertura a la gran prioridad ciudadana, la vivienda. El compromiso refuerza la implicación de los ayuntamientos, tanto en la planificación como en la gestión del suelo o en la propia promoción de pisos, en un giro municipalista que rompe con la dinámica seguida hasta la fecha de mayor control foral y gubernamental. A partir de que se aprueba la Ley, los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes tendrán capacidad para aprobar sus planes generales de ordenación urbana -piedra angular para la gestión del suelo-, en detrimento de las diputaciones. Esto supondrá que 54 municipios, en los que reside el 86% de la población vasca, gozarán de amplia autonomía en materia de planeamiento. Del mismo modo, los ayuntamientos tendrán el control de la vivienda tasada -pisos de precio acordado entre Administración y constructor- que se edifique en su territorio. Una fórmula novedosa, muy reclamada por las entidades locales, ante el vacío creado en el mercado inmobiliario entre la vivienda de protección oficial y la libre, que dejaba desamparada a una parte significativa de la población.

Las medidas rubricadas ayer tienen la virtud de convertir en agente directo de las políticas de vivienda a la institución más próxima al ciudadano, el ayuntamiento, y por tanto más conocedora de las condiciones de su territorio y las necesidades de sus administrados. Pero también suponen poner buena parte de la solución del problema en una institución que ha recurrido sistemáticamente al suelo de su propiedad como mecanismo de financiación, sin que importara el carácter inflacionista de sus subastas e iniciativas. Por ello, no estaría de más que ahora que se va a iniciar un proceso de descentralización dentro de una comunidad de sostenido comportamiento centrípeto, se asuman otras acciones pendientes, como una ley municipal vasca que incluya un sistema de financiación que, bajo los criterios de suficiencia y equidad, refuerce la autonomía de los ayuntamientos y evite la tentación de hacer del suelo un persistente recurso financiero. Será la mejor forma de sentar unas bases firmes para dar respuesta a una exigencia y un derecho de los ciudadanos: contar con una vivienda digna y, sobre todo, a un precio razonable.