Nada más conocer el contenido del informe, el Gobierno español expresó su «rechazo tajante y rotundo» hacia las acusaciones formuladas. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores negó «cualquier implicación, tanto por activa, en el sentido de haber colaborado, como por pasiva, por haber ocultado datos». Las fuentes consultadas destacaron la actitud de «total transparencia» del Ejecutivo sobre este asunto, del que ya informó el ministro Miguel Ángel Moratinos en el Congreso de los Diputados en noviembre pasado.

Exteriores también destacó que ha puesto a disposición del Consejo de Europa «toda la información» que tenía sobre el caso. Por último, señaló que el informe está «todavía en trámites, no es aún oficial y no ha sido aprobado» por la Asamblea de esta institución.

No obstante, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, anunció que en la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso exigirá al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, «que cumpla con su obligación» y ordene «a los miembros competentes de su Gabinete» que entregue de inmediato un nuevo informe, al que el Ejecutivo ya se había comprometido, «en el que se detallen todas las novedades y la supuesta participación del Estado» en el uso de aeropuertos españoles por parte de la CIA.

EE UU, «decepcionado»

El Gobierno de EE UU también rechazó tajantemente el informe de Dick Marty. En su rueda de prensa diaria, el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, afirmó que el Ejecutivo de Bush está «decepcionado por el tono y el contenido» del informe.

«No vemos ningún dato sólido en él. Parece haber muchas alegaciones, pero no datos reales que lo respalden», declaró el portavoz, que afirmó que el documento parece ser un «refrito» de acusaciones previas. McCormack aseguró, por el contrario, que la cooperación en materia de inteligencia que mantiene Estados Unidos con Europa y otros países «salva vidas en la guerra contra el terrorismo».