Separadas por varios cientos de kilómetros, Euskadi y Cataluña siempre se han mirado con atención. A pesar de sus evidentes diferencias, la existencia en ambas sociedades de un arraigado sentimiento de autogobierno y amplios sectores nacionalistas ha provocado que, en más de una ocasión, su devenir político haya caminado por vías muy próximas. Y la reforma de sus respectivos estatutos no ha sido una excepción. Las dos comunidades fueron las primeras en iniciar una carrera que se ha generalizado por toda España. El próximo día 18, los catalanes llegarán a la meta; un referéndum que pondrá punto y final a un proceso conflictivo que casi nadie considera que deba ser un ejemplo a seguir por el País Vasco.

Primero, porque se trata de dos sociedades con profundas diferencias. Más allá de la más evidente -el terrorismo-, los vascos que conocen de cerca Cataluña tienen muy claro que se trata de realidades con formas de vida muy distintas. «Allí hay un alejamiento muy grande de la sociedad con respecto a los políticos. Más aún de la que existe en el País Vasco». Martín Aranburu, miembro destacado de Eusko Alkartasuna, conoce bien una comunidad en la que proximamente piensa fijar su residencia y a la que se ha acercado no tanto como político, sino como ciudadano. Este distanciamiento con la clase dirigente ha provocado que la «gente de la calle» tuviese muy claro desde el principio que del proceso estatutario «no iba a salir nada».

Este desapego no significa, según Aranburu, que en Cataluña no exista un amplio deseo de reformar el texto autonómico e incrementar el autogobierno con unas modificaciones «necesarias». En este sentido, el dibujo que hace de una región con fama de estar a la cabeza del desarrollo ofrece tantas sombras como luces. Lejos del foco de atracción que suponen la capital Barcelona, el Pirineo o las zonas de la costa -los lugares elegidos por los turistas-, existe otra Cataluña con «carencias brutales»; pueblos con déficits que «no podrían entenderse en Euskadi».

Surrealista

Una opinión que contrasta con la del portavoz del PP en el Parlamento vasco, Leopoldo Barreda. El dirigente popular ve evidente que «no existía una demanda real» para iniciar una reforma «surrealista», durante la cual, en lugar de «redoblar consensos, se han alejado». En el lado opuesto se encuentra Gorka Knörr. Nacido en Tarragona, el ex secretario general de EA y hoy colaborador de varias asociaciones sociales catalanas, considera que reflexiones como las de Barreda son una «filfa» y una «barbaridad». A su juicio, la necesidad de reformar el Estatuto estaba incluida en el programa electoral de todos los partidos -menos el PP- durante los comicios de 2003. «La modificación estatutaria era un clamor», sostiene.

Y es que el proceso catalán no ha sido ajeno al enfrentamiento que viven las distintas formaciones vascas. Los esquemas tradicionales se han repetido, aunque con matices. Los más reacios al Estatut -PP y Batasuna, unos por exceso y otros por defecto- no han tenido reparos en mostrar un enérgico rechazo. Por su parte, el PSE-EE ha intentando mostrar su respaldo a un proyecto auspiciado por sus compañeros, pero guardando ciertas distancias para no verse arrastrado por una experiencia con demasiadas polémicas. PNV y EA han recorrido caminos inversos. Mientras CiU rechazó el proyecto del tripartito, los jeltzales hicieron lo mismo; mientras ERC lo apoyó, EA lo defendió. Ezker Batua también ha seguido los pasos de sus socios de ICV.

Pero, a pesar de las discrepancias, en una cuestión coinciden casi todos: que la experiencia catalana no puede trasladarse a Euskadi. «No hay modelos extrapolables, son situaciones diferentes», afirma el socialista Rodolfo Ares; «en todo caso, puede ser un ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas», puntualiza Leopoldo Barreda. Oskar Matute, de Ezker Batua, sí cree que puedan extraerse conclusiones positivas. «Nos puede enseñar muchas cosas; cómo una mala gestión puede echar por tierra la ilusión depositada en un proyecto», sostiene.

«Frustración». Esta es la palabra que, según algunos, reina en buena parte de la sociedad catalana. «Hay la sensación de que se ha desaprovechado una oportunidad histórica, de que un cambio que levantó una gran ilusión no ha salido bien», sostiene Martín Aranburu. Un sentimiento que puede aumentar si el Estatut es rechazado en el referéndum del próximo día 18 o si es aprobado pero con un respaldo inferior al logrado hace dos décadas por el actual texto autonómico. No todos están de acuerdo con esta posibilidad.

Teo Santos, destacado dirigente del sindicato de la Ertzaintza Erne y conocedor de la sociedad catalana, es de los que piensa que, sea cual sea el resultado de la consulta, «no pasará nada. Los catalanes son muy prácticos y no se rasgan las vestiduras. Aquí somos más de 'órdagos'; allí se vive de manera más relajada. Todo se mira de otra manera». Sin embargo, también hay quien cree que lo sucedido durante la tramitación del Estatut puede tener sus consecuencias. Así opina Gorka Knörr, quien cree que, «si se pierde esta oportunidad, muchos estarán hartos».

A la hora de repartir responsabilidades, tampoco hay coincidencias. Según Rodolfo Ares, la actitud «poco responsable» de ERC ha sido la causa de toda la polémica suscitada alrededor del texto autonómico. Como era previsible, no todos opinan lo mismo. Oskar Matute sostiene que echar la culpa de lo ocurrido a la formación republicana no es del todo correcto. A su juicio, quien debe cargar con las consecuencias de un posible fracaso es el Gobierno de Rodríguez Zapatero «por no respetar la palabra dada» y rechazar lo que había aprobado el Parlamento autonómico con el 90% de los votos.

Tocado

La opinión del PNV no va en esa dirección. Su portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, cree que los «principales responsables» son los «impulsores» de la propuesta, es decir, el Gobierno catalán. El diputado nacionalista, además, admite que si el nuevo Estatut resulta aprobado pero con un respaldo inferior al del actual texto autonómico, saldrá «tocado» y se demostrará que «algo se ha hecho mal». La valoración del representante popular Leopoldo Barreda va más allá: «Lo barato sale caro. Ha sido un proyecto que ha creado división en la sociedad y ha fagocitado a sus impulsores».

Pero la propuesta estatutaria ha tenido otras derivadas. La principal, el deterioro de lo 'catalán' en el resto de España con campañas pidiendo el boicot a sus productos -la realizada contra el cava fue el máximo ejemplo-. «No les ha sorprendido mucho porque la sociedad catalana no se percibe querida por el resto de España», afirma Martín Aranburu.