El Gobierno tripartito y la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) allanaron ayer el camino para que la Ley del Suelo pueda ser aprobada en el Parlamento vasco a finales de este mes. El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, y el presidente de Eudel, el peneuvista Karmelo Sáinz de la Maza, pactaron, por un lado, que los alcaldes tengan el control de toda la vivienda tasada que se construya en sus municipios y, por otro, que la reserva obligatoria para esa modalidad de piso protegido aumente hasta el 20% en el suelo urbano consolidado. Como la vivienda tasada ya tenía una reserva similar en suelo urbanizable, en el futuro se consagrará como una alternativa algo más cara a la vivienda de protección oficial (VPO).

El proyecto de ley del Suelo ya contaba con el apoyo del PSE y Aralar, pero el PNV mostraba serias reticencias para respaldarlo y había intentado modificarlo en varias ocasiones. Los cambios introducidos ayer parecen haber zanjado ese problema, aunque a costa de acentuar el poder de los municipios en detrimento de las diputaciones. Y es que Madrazo y Eudel también acordaron que los ayuntamientos con más de 7.000 habitantes puedan aprobar por su cuenta el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) sin necesidad de que los gobiernos forales les den el visto bueno, una tarea en la que suelen tardar seis meses.

Durante las negociaciones de la Ley del Suelo, el límite para que un ayuntamiento pueda sacar adelante el PGOU había ido descendiendo desde 20.000 a 10.000 habitantes. Con el listón puesto definitivamente en 7.000, la autonomía urbanística abarcará a los 54 ayuntamientos más importantes de Euskadi, que tienen una población conjunta de 1,8 millones de ciudadanos (86,% de la poblacion vasca). No obstante, la futura ley prevé que las diputaciones puedan ceder esa capacidad incluso a los municipios más pequeños que «dispongan de servicios técnicos para tal cometido y que acepten la delegación».

En el aire

Karmelo Sáinz de la Maza, a la sazón alcalde de la localidad vizcaína de Leioa, aseguró que este nuevo compromiso es del agrado de todos los munícipes del PNV y «de la dirección del partido». No obstante, queda en el aire una cuestión que el grupo peneuvista planteó en el Parlamento vasco y que concierne al reparto de competencias de la Ley de Territorios Históricos. Según ese grupo, si los ayuntamientos se van a encargar de los PGOU, habría que reordenar las facultades urbanísticas de las demás instituciones, de manera que las diputaciones aprueben los Planes Territoriales Parciales. Esta tarea requiere ahora el visto bueno del Gobierno vasco, pero en el nuevo esquema competencial, el Ejecutivo la perdería y se ocuparía de las Direcciones de Ordenación del Territorio.

De momento, Sáinz de la Maza resaltó que la futura Ley del Suelo va a beneficiar al poder municipal en Euskadi, ya que le reconoce «la mayoría de edad» para encargarse de la planificación urba- nística. A su modo de ver, se trata de una misión natural de los ayuntamientos, aunque «algunos albergaran dudas sobre ello». «Lo podemos hacer mal, pero ese mismo problema también lo tienen las demás instituciones», dijo el presidente de Eudel.

De la Maza también se puso de acuerdo con el consejero Madrazo para incluir en el proyecto una disposición que compromete a las instituciones vascas a fomentar la puesta en circulación de viviendas de alquiler para colectivos sociales necesitados; especialmente los jóvenes. La forma de hacerlo sería destinar al arrendamiento una parte del suelo reservado a los pisos protegidos. Según Madrazo, la renta rondaría los 180 euros mensuales.