La Audiencia Nacional investigará los vuelos secretos de la CIA. El juez Ismael Moreno decretó ayer, en contra del criterio de la Fiscalía, que el tribunal es competente para investigar si entre 2004 y 2005 se produjeron delitos durante las escalas en aeropuertos españoles de vuelos secretos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. En estos aviones trasladaban supuestamente a terroristas detenidos de forma ilegal en diversos países del mundo hasta cárceles o centros de interrogatorio clandestinos de otras naciones.

Moreno asume con este auto las diligencias previas abiertas en 2005 por el Juzgado número 7 de Palma de Mallorca, que investigan una denuncia de un colectivo ciudadano local por los posibles delitos de detención ilegal, secuestro y torturas durante las escalas de decenas de vuelos secretos en el aeropuerto balear de Son Sant Joan. El juez mallorquín Antonio Garcías, que inició las pesquisas, se inhibió el pasado 4 de octubre de 2005 en favor de la Audiencia Nacional, por considerar que era el tribunal competente para investigar el caso. El titular del Juzgado Central 2 le dio ayer la razón y lo aceptó.

Ismael Moreno señala en el auto que la investigación es competencia de la Audiencia Nacional porque, de comprobarse en el futuro que los sucesos pueden ser constitutivos de infracciones penales, se trataría de hechos cometidos en el extranjero y de delitos -como el de torturas- comprendidos en la lista competencia de la jurisdicción española, por tratarse de infracciones de persecución universal -delitos contra la humanidad-.

El magistrado explica que el único tribunal español capacitado para investigar delitos de persecución universal en el extranjero es la Audiencia Nacional. Tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo, en sendas sentencias recientes, acordaron que el tribunal especial español tiene competencia para indagar sobre cualquier delito contra la humanidad ocurrido en el extranjero siempre que no se investigue ya -en su país de origen o por el Tribunal Penal Internacional- o que sus responsables estén absueltos por la justicia.

La Fiscalía se opuso el jueves pasado a que la Audiencia Nacional aceptase la investigación abierta en Palma de Mallorca por considerar que, por el momento, no existe indicio alguno de que en estos vuelos se hayan producido delitos competencia del tribunal especial. Consideró que, sin prejuzgar situaciones futuras, el caso tenía que continuar su instrucción en el juzgado balear. El Ministerio Público, pese a no ser atendidas sus peticiones, no va a recurrir la decisión de Moreno para no obstruir las investigaciones.

Tribunales de Alemania e Italia tienen abiertos en este momento sumarios que investigan el secuestro de presuntos terroristas islamistas en sus territorios.

Petición de comparecencia

La decisión de Ismael Moreno coincidió con las declaraciones del ministro de Defensa, José Antonio Alonso, quien reiteró que «el Gobierno no tiene evidencia alguna de que (los supuestos aviones de la CIA) hayan cometido ilegalidades en nuestro territorio nacional». Su colega de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, señaló que pedirá su comparecencia en el Parlamento Europeo lo antes posible para entregar a los eurodiputados todos los datos que sobre este escándalo tiene el Gobierno español.

El comisionado por el Consejo de Europa para la investigación de las supuestas actividades ilegales de la CIA, Dick Marty, presentó la semana pasada un informe en el que acusó a 14 países europeos, entre ellos España, de permitir las operaciones antiterroristas encubiertas de la inteligencia norteamericana.

El colectivo de ciudadanos que presentó la querella criminal manifestó que la decisión de la Audiencia Nacional «avala» su teoría de que los hechos tienen «repercusión nacional».

El Grupo Parlamentario IU-ICV, por su parte, ha presentado una proposición no de Ley sobre los vuelos de aviones de la CIA en la que exige al Gobierno que traslade a la Administración Bush su rechazo a «todo tipo de actividades ilegales de la CIA» en España, «especialmente» las denominadas «entregas extraordinarias, con la indicación de que estas actividades deben terminar».