La batalla legal sobre los peajes de la A-8 se libra ya en dos frentes. El Partido Popular ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la ejecución provisional de la sentencia que anuló la norma foral reguladora del canon el pasado mes de abril. De esta forma quiere garantizar su efectividad pese al recurso presentado por la Diputación ante el Supremo. Mientras el proceso sigue su curso en ambas instancias, los populares han preparado un modelo de reclamación para que los ciudadanos pidan la devolución del dinero.

El texto ya puede descargarse en la web del partido (www.ppvasco.com). «Es un modelo válido para que nadie pierda su derecho a devolución, ni las personas físicas ni las jurídicas», afirmó ayer el portavoz del PP en las Juntas Generales, Carlos Olazabal. En su opinión, «pase lo que pase» en los tribunales los vizcaínos deben presentar su petición cuanto antes, «en los seis próximos meses». Así se aseguran de que «no va a prescribir, aunque el Supremo tarde cuatro o cinco años en dictar la sentencia definitiva».

Si la rapidez es un requisito indispensable «para no caer en artimañas jurídicas», la justificación de los pagos es la clave para lograr el reembolso. Los conductores deben adjuntar los justificantes, mediante tiques o extractos bancarios, y presentar el recurso tanto en la Diputación como en la empresa foral Interbiak. Si lo entregan en mano, «deben pedir que les sellen la copia», aunque también pueden enviarlo por correo certificado con el sello de la oficina.

El PP asegura que la sentencia del Tribunal Superior invalida todo lo recaudado desde que la Diputación asumió la titularidad de la autopista, en junio de 2003. «Si la norma foral es nula, no existe, y entonces todo se ha cobrado de forma indebida», recalcó Olazabal. En el fallo, los magistrados establecen que el peaje debe cubrir únicamente los gastos de conservación de la autopista en vez de utilizarse para financiar otras infraestructuras como la 'Supersur'. Por ello advierten de que las tarifas fijadas por la institución foral «se extralimitan y son contrarias a Derecho».

Para los populares, la única forma de legalizar el cobro del canon sería «elaborar una nueva normativa que adecúe su importe a los requerimientos sustantivos de la sentencia». Esto supondría rebajarlo aproximadamente a la mitad. En el escrito presentado ante los magistrados el pasado 1 de junio, también recuerdan que el hecho de que se haya presentado un recurso de casación «no impide la ejecución provisional de la sentencia».

Terceros carriles

El Tribunal Superior ha dado a la Diputación un plazo de seis días, que vence esta semana, para que presente alegaciones ante la solicitud del PP. La institución foral va a exigir un aval millonario «para cubrir posibles daños y perjuicios» en caso de que la resolución judicial se haga efectiva, según explicó ayer un portavoz. Aunque aún no ha cuantificado el importe, como mínimo equivaldrá a la recaudación de dos años más el impacto que tendría la supresión del peaje en las obras de ampliación de carriles de la autopista. Unos trabajos que también se financian con cargo al canon de uso.

El Departamento de Obras Públicas y Transportes alegará también que la sentencia «no es firme». Además, considera «contradictoria» la actitud del PP, que por un lado solicita la ejecución del fallo y por otro «lo recurre, porque hay cosas que no le gustan». El recurso de los populares se refiere a un aspecto concreto, el que cuestiona la legitimidad de los apoderados para llevar a los tribunales una norma aprobada por las Juntas Generales. Los jueces admitieron su actuación en calidad de «ciudadanos del País Vasco y posibles usuarios de la red de infraestructuras», no como junteros.

La Diputación volverá a defender la tesis de que las instancias judiciales no deben interferir en la labor de la Cámara. Con todos estos argumentos sobre la mesa, se espera que después del verano se conozcan dos decisiones fundamentales para los usuarios de la A-8. El Supremo resolverá si admite o no a trámite el recurso foral y el Tribunal Superior, si acepta la ejecución de la sentencia que solicita el PP.