El presidente de la Sepi, Enrique Martínez Robles, lanzó ayer una seria advertencia a los trabajadores del grupo naval Izar, que se encuentra en plena privatización. «No hay otra salida que la venta» de las factorías, subrayó en Bilbao en un mensaje con numerosas dosis de ultimátum. Si fracasa el proceso, las plantas «no podrá continuar la actividad» y se verán condenadas al cierre.

Las plantillas de los astilleros de Gijón y Sevilla, y de la fábrica de motores de Manises (Valencia) han rechazado el acuerdo alcanzado por la sociedad estatal con CC OO y UGT, en el que la Administración central otorga unas ventajosas condiciones de prejubilación a los excedentes, y amplias garantías salariales y de mantenimiento del empleo a los demás operarios. En el caso de La Naval, de Sestao, la mayoría del comité de empresa ha optado por no someter el pacto a votación.

Martínez Robles sostuvo que no es posible esperar más tiempo para emprender el relanzamiento de estas instalaciones «porque ello puede poner en peligro la carga de trabajo que algunos compradores tienen ya comprometidos». La negociación con los sindicatos, primero, y ahora la oposición de las empleados de tres fábricas ha retrasado de forma considerable el proceso de adjudicación. En su opinión, la transferencia de los astilleros a manos privadas debería producirse en el plazo máximo de un mes, después de que los consultores contratados por la Sepi hayan evaluado las ofertas y hayan señalado quiénes son, en su opinión, los propietarios más adecuados en cada caso.

El futuro de Babcock

El presidente del grupo público, que se reunió ayer en Bilbao con responsables del PSE, se pronunció en términos optimistas sobre el futuro de Babcock España. Fue contundente también al señalar que «nadie puede pedirle a la Sepi que alentemos la búsqueda de un nuevo propietario -una reiterada demanda de los sindicatos- porque en la actualidad Babcock es una empresa privada, que tiene unos dueños y son ellos los únicos que pueden decidir» al respecto. En su opinión, la multinacional Austrian Energy, que controla la firma de bienes de equipo, «está cumpliendo la mayor parte de las obligaciones que había contraído con el Estado cuando asumió la gestión» de la compañía, si bien advirtió que algunas cuestiones no se podrán verificar hasta el final de los plazos pactados en el contrato que regula las ayudas públicas, que vence a principios de 2007. El presidente del comité de empresa, Daniel Penas (UGT), negó de forma rotunda esa afirmación.

Martínez Robles destacó la recuperación que ha experimentado la cartera de pedidos de Babcock en los últimos meses, con la incorporación de contratos por un importe superior a los 120 millones de euros. «La consecución de carga de trabajo era uno de los principales compromisos asumidos por los propietarios», señaló.

Sin embargo, abrió la posibilidad de entablar una negociación a tres bandas -Sepi, empresa y sindicatos- para encontrar un punto de acuerdo en torno a las aspiraciones de cada uno. Las centrales reclaman al grupo público una prórroga en la garantía del Estado sobre sus salarios; la compañía quiere que libere los 30 millones pendientes de ayudas; y la dirección de Babcock quiere acometer un ajuste de plantilla, que afectaría fundamentalmente al personal administrativo que, en su opinión, está sobredimensionado, al contrario que el de los talleres.