Unesa, la patronal del sector eléctrico, aseguró ayer que el enfrentamiento de Iberdrola con el Gobierno por su última regulación sobre el mercado mayorista no supone un riesgo para la garantía de suministro. La organización quiso zanjar así los temores a que se produzcan apagones este verano como consecuencia de la negativa de la compañía vasca a que su distribuidora pague más de 33 euros por megavatio hora.

El origen de la disputa radica en el real decreto ley 3/2006, que supone que las empresas de distribución compren la energía a precio de mercado, que ronda los 60 euros por megavatio/hora (MWh), pero la Comisión Nacional de la Energía sólo les reconoce un pago de 42 euros, por lo que están acumulando pérdidas. Iberdrola es una de las firmas más afectadas por esta normativa porque distribuye más energía de la que genera. Por ello, se niega a comprar por encima de los 33 euros y exige al Ministerio de Industria que retire esa regulación de carácter provisional.

La decisión de Iberdrola ha causado tensiones en el mercado mayorista y está haciendo trabajar más a Red Eléctrica, que es la encargada de coordinar a las centrales para que no falte energía en ningún punto de la red. Pero Unesa sostiene que la actitud de la eléctrica vasca no pone en riesgo el suministro e incluso le da la razón al admitir que el Gobierno ha creado inconvenientes «al fijar precios no contrastados en los mercados».