El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó ayer a España sobre la pérdida de competitividad de su economía, que atribuye entre otras razones a la escasa mejora de la productividad y a la elevada inflación -el 4%, frente al 2,5% de media de la Eurozona-, que dificulta sus ventas a otros países al encarecer sus artículos. El organismo que dirige Rodrigo Rato propone un amplio paquete de medidas para corregir esa situación. Entre ellas, apuesta por abaratar el despido y por reducir la rigidez del mercado de trabajo. La reforma laboral que acaban de firmar el Gobierno y los agentes sociales es, a su juicio, insuficiente en ese terreno. Además, emplazó a la Administración a contener el gasto público; en especial, el de las comunidades autónomas.

Esas propuestas coinciden con las tradicionales 'recetas' del FMI, repetidas cada año, y son fieles a ortodoxia de la institución que dirige Rodrigo Rato. Su comité ejecutivo difundió ayer un informe sobre la economía española en el que destaca la pujanza de su actividad -prevé que este año crecerá un 3,3%, dos décimas menos que el anterior- y su capacidad para crear abundante empleo.

Sin embargo, el organismo multilateral hizo hincapié en el desequilibrio del patrón de crecimiento, muy basado en la demanda interna -sobre todo, en la construcción gracias a los bajos tipos de interés-, y alertó sobre el abultado déficit exterior, que seguirá en ascenso. Ese incremento es un indicio -añadió- de los problemas de competitividad que sufre el país, que relacionó con las rigideces y el escaso grado de competencia en algunos sectores. Ello se traduce en una alta inflación persistente y una reducida mejora de la productividad.

Reformas «ambiciosas»

La «erosión continuada» de la competitividad puede acarrear negativas consecuencias si se mantiene a medio plazo, advirtió el FMI, que recomendó «reformas estructurales ambiciosas». El informa subraya la imperiosa necesidad de avanzar en la liberalización de algunos sectores, como la energía, las telecomunicaciones y los transportes. Sus autores consideran positivas algunas medidas de flexibilización incluidas en la reforma laboral, pero reclaman un abaratamiento del despido y una eliminación de las «rigideces» existentes en el mercado de trabajo. Los avances en ese sentido que recoge el acuerdo suscrito por el Gobierno y los agentes sociales son insuficiente, a su juicio, para recortar de forma duradera el alto nivel de empleo temporal.

Al igual que en ejercicios precedentes, el FMI pidió una revisión del sistema de negociación colectiva para vincular los salarios con el aumento de la productividad y estimular la movilidad laboral. Además, su comité ejecutivo constató que el superávit del año pasado fue resultado de la «bonanza» en la recaudación, «mientras que el crecimiento de los gastos sigue alto», especialmente en las comunidades autónomas. Por ello recomendó «un mayor control» en ese terreno.

El Fondo abogó por reducir la presencia política en sus consejos de administración de las cajas de ahorros. Algunos de sus responsables pidieron que estas entidades sean más conservadoras en sus inversiones, «dado el tamaño y concentración de las participaciones industriales» de ellas, que no mencionaron.