El PP ha registrado en el Parlamento vasco una interpelación al lehendakari, Juan José Ibarretxe, en la que le pregunta por los motivos por los que su Gobierno "dedica un esfuerzo a la deslegitimación de los jueces y a pretender el control político de la Justicia".
El portavoz del PP en la Cámara, Leopoldo Barreda, ha dado a conocer el contenido de esta interpelación, motivada en la reacción del Gobierno de Vitoria ante la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de la querella contra el lehendakari por su reunión con dirigentes de la ilegalizada Batasuna. Ha anunciado además que ha remitido un escrito a la Mesa de la Comisión de Instituciones de la Cámara para mostrar su disconformidad con la admisión a trámite de la solicitud de comparecencia ante ella del presidente del Tribunal Superior, pedida por el Gobierno vasco.
Barreda ha informado a los medios de comunicación de que el presidente de la Comisión en la que debería comparecer el del TSJPV le ha comunicado que se ha aceptado a trámite la solicitud del tripartito, por lo que se trasladará oficialmente esta petición a Fernando Ruiz Piñeiro. En la interpelación, los populares preguntan a Ibarretxe si el Gobierno vasco se propone "cuestionar la división de poderes y la independencia de la Justicia cada vez que discrepe de una resolución judicial".
"Intimidar a los jueces"
A juicio del PP vasco, la reacción del Gobierno vasco a la admisión a trámite de la querella demuestra un "ataque a la división de poderes, la pretensión del lehendakari de situarse por encima de la ley, el quebrantamiento de la independencia judicial y el afán de intimidar a los jueces". Añade que la "autoinculpación" del conjunto del Gobierno en la querella y la solicitud de comparecencia del presidente del Tribunal Superior "representan una línea de actuación de los ejecutivos del lehendakari Ibarretxe, caracterizados por la confrontación y la descalificación de la Justicia".
Barreda ha dicho que con este episodio se "vuelve a los peores tiempos del Gobierno de Ibarretxe de la legislatura pasada", en los que pretendía "enfrentar a los jueces con la sociedad vasca y convertirles en sus enemigos". Ha concluido que "nadie en democracia se puede sentir por encima de la ley" e insistió en que "no existe ningún soporte legal ni jurídico para que ningún juez tenga que rendir cuentas en un parlamento por su actividad jurisdiccional".