La guerra de Irak ocupa por derecho propio un lugar privilegiado en el museo del horror. La cifra de muertos ha superado ya los 40.000, más del 80% de los cuales son civiles (daños colaterales, según el eufemismo al uso). A la vergüenza de Abu Ghraib y las torturas hay que añadir desastres de toda condición: la ruina económica, el enfrentamiento religioso, la anarquía política o el caos social. Los responsables de esta catástrofe humanitaria tienen nombres y apellidos. Parece que, uno tras otro, terminarán penando políticamente por tanto desatino. Es posible, además, que la historia repruebe éticamente su conducta, y ello desde la doble perspectiva formulada por Weber: desde una ética de la responsabilidad (los resultados devastadores a la vista están) y desde una ética de los principios (una guerra de diseño, fabricada con materiales falsificados y comercializada a través de una publicidad mendaz).

A la reprobación política y ética acaba de sumarse la crítica militar. Tampoco han faltado condenas explícitas por parte de la Iglesia católica, que contrastan con el espeso silencio de las restantes iglesias cristianas, cuando es notorio que los requisitos de la guerra justa de la vieja filosofía escolástica se incumplen en su totalidad. Pero, independientemente de las responsabilidades contraídas ante Dios y ante la historia, el ciudadano ha adquirido la manía de enjuiciar las conductas públicas también en términos jurídicos. ¿No es la declaración de guerra que nos ocupa, desencadenante de crímenes y horrores sin fin, acreedora de sanción penal, ni sus autores criminales? La respuesta es inequívocamente negativa por dos razones, una técnica y otra política. En primer lugar, no se da ninguno de los supuestos técnicos que precisa el derecho para la perpetración de crímenes de guerra, contra la Humanidad o contra la paz. En efecto, la responsabilidad penal objetiva es una reliquia histórica felizmente superada; y por la aplicación de los principios de tipicidad y de no-retroacción (aunque no siempre respetados en los macrojuicios-espectáculo escenificados ante los tribunales internacionales) queda excluida cualquier posibilidad de imputación penal.

Pero el hecho último, escueto y definitivo que escuda la irresponsabilidad criminal del presidente norteamericano y sus adláteres es la soberanísima decisión de colocarse en los extramuros del derecho, a fin de implantar la justicia en el mundo con eficacia, esto es, libres las manos de cualquier atadura jurídica. La contradicción es escandalosa: hacer una exhibición impúdica de poder, imponiendo a sangre y fuego la democracia en nombre de los valores que nos legó la Ilustración, choca frontalmente con sus principios más elementales.

Porque si algún significado político se desprende de la revolución cultural que instaura la modernidad es la necesidad de una lucha sin cuartel contra el poder. La historia política de los últimos siglos refleja, con sus inevitables altibajos, el empeño continuado por dividir y fragmentar el poder. El republicanismo estableció los principios de separación de poderes, participación y legalidad. Las doctrinas democráticas situaron el poder soberano original en el conjunto de los ciudadanos, proclamando la igualdad de todos ante la ley y posibilitando la alternancia del mando a través del mecanismo electoral. El liberalismo, a su vez, definió un reducto inviolable de derechos individuales que el poder debe proteger. Como confluencia de estas tres líneas de pensamiento político nació el Estado de Derecho, donde el poder resulta contenido, parcelado y regulado. A partir de ahí, otros fenómenos políticos y sociales nuevos (el sindicalismo, el cuarto poder, el federalismo, la globalización, las organizaciones internacionales y supranacionales) han contribuido a acentuar su fragmentación.

Sin embargo, el poder tiende, como algunas energías, a escapar a todo límite. Se ha comparado también, con un octópodo de finos brazos alargados y ventosas insaciables. Lo cierto es que el poder legislativo goza de inmunidad parlamentaria, el ejecutivo se afana por conseguir espacios de discrecionalidad exentos de regulación y el judicial comete errores impunemente en virtud de una discrecionalidad ya conquistada. Pese a todo y pese al esfuerzo de los poderes fácticos por garantizarse un derecho a su medida, se ha de reconocer que, en el recinto del Estado, el control democrático del poder ha alcanzado unos niveles estimables. Parece, por ello, desmesurada la afirmación ácrata de que el derecho es la máscara del poder, que permanece oculto tras la razón de Estado -peor aún, tras la santidad del Estado-, convirtiendo en justo todo aquello que sirve a su autoconservación y autorreproducción. A la altura del desarrollo político de nuestro tiempo, la ciudadanía rechaza cualquier intento del poder por constreñir la noción de responsabilidad y culpa al ámbito de las conductas privadas, como temiera Marcuse. Y no puede menos de indignarse, intelectual y moralmente, cuando, ante la evidencia de unos hechos acusatorios, la autoridad norteamericana declara enfáticamente que la tortura en EE UU es un imposible democrático, como si fuera un imposible lógico o incluso metafísico.

Donde el poder encuentra más facilidades para burlar el encorsetamiento que impone el derecho es en el área internacional. Mientras que las relaciones entre ciudadanos iguales están disciplinadas al servicio de unos valores, las relaciones entre Estados desiguales están guiadas por el principio del interés. Con unos pertrechos jurídicos y morales más bien escasos (entre los que destaca el célebre 'pacta sunt servanda') y con la vista puesta en la correlación de fuerzas, cada Estado hace el despliegue de poder que la comunidad internacional tolera. No es complicado para el Estado poderoso desairar el derecho con actuaciones unilaterales al margen de los organismos internacionales, medidas penales preventivas o ninguneo a los tribunales de justicia. Pero entonces estamos regresando al estado selvático de Hobbes donde la fuerza es el derecho.

Según una línea de reflexión que va desde Maquiavelo a Nietzsche, el derecho es cosa de enclenques y débiles, mientras que la auténtica virtud (en forma del 'señorío' que tanto atrae a los halcones de derechas o a modo de responsabilidad histórica al gusto de algunas izquierdas) exige actuar sin miramientos. Sucede, no obstante, que este poder 'virtuoso' tiene la cortesía de explicar sus fechorías aduciendo razones fácticas e ideológicas. La guerra de Irak se vendió como una apabullante combinación de ambas. Por un lado, era un caso de estricta necesidad, de legítima defensa. Pero en verdad ha sido una muestra de abusos característicos del poder: la invención del mal o el empleo sistemático de 'la verdad' para mentir. Por otro lado, se convocaba a una cruzada santa: el derrocamiento del tirano. Pero los hechos han confirmado los negros presagios de Saint-Just: la gran virtud y el gran crimen van frecuentemente de la mano.

La guerra no es un estallido fortuito, sino el estadio último del poder incontrolado, su paroxismo, su vocación. Los 'señores de la guerra' (redundancia merecida) tienen ante sí un enemigo de apariencia débil, la razón, pero tozuda en mantener que las guerras son evitables, blandiendo el derecho como arma útil de pacificación y no como engorroso armatoste. Sin él queda instaurado el imperio de la fuerza y difuminada la frontera que separa lo justo de lo criminal, haciéndose verdad las palabras que el corsario apresado dirigiera a Alejandro: «Soy ladrón porque ejecuto mis piraterías con un pequeño bajel y a ti porque lo haces con formidables ejércitos te llaman rey». Después de tanta tragedia, sería una obscenidad repensar la moral con las categorías de Nietzsche, moral del señor y moral del esclavo. Al contrario, se han de confrontar otras dos morales, la del verdugo y la de la víctima. Adorno estableció como nuevo imperativo categórico «que Auschwitz no se repita». Hoy la resistencia contra los señores de la guerra desde la trinchera del derecho está legitimada para exigir a gritos 'que Irak no se repita'.