El Gobierno central dejó claro ayer a las cofradías del Cantábrico que sólo habrá ayudas económicas para los pescadores más afectados por la crisis de la anchoa, originada por la crítica situación de la especie en el Golfo de Vizcaya, que puede suponer en breve el cierre del caladero por parte de la UE. Durante una reunión entre los profesionales del sector y los responsables del Ministerio de Agricultura y Pesca, la Administración ofreció una triple alternativa ante la delicada situación de esa zona: un plan de gestión del bocarte, fijar paradas biológicas o articular medidas de reestructuración para las empresas.

Sólo fue una primera propuesta -el martes próximo se pondrá en marcha una mesa de trabajo sobre este problema, que se reunirá en Cantabria-, pero la acogida entre los pescadores resultó francamente mala. Para el presidente de la federación de cofradías guipuzcoanas, Jaime Tejedor, resulta «totalmente inadmisible» que las posibles compensaciones se discutan «caso por caso, barco por barco». Además, reprochó al Ejecutivo español y a la Comisión Europea que aún no hayan decretado el cierre de la pesquería, en contraste con la «sorprendente prisa» que mostraron hace cuatro meses para reabrirla sin la anuencia de los científicos.

Aunque las conversaciones proseguirán la semana próxima -hay reuniones convocadas los días 23 y 26, la primera en Santander con las comunidades autónomas, y la segunda de nuevo con los pescadores-, el Gobierno insistió en que no habrá ayudas generalizadas para el sector, sino que atenderá a los indicadores -de capturas de anchoa y otras especies- y a las circunstancias económicas de cada barco. Además, Bruselas debe mantener todavía varios encuentros más de carácter técnico antes de resolver el cierre de la pesquería, lo que ocurriría a lo largo de julio, si constata finalmente que la biomasa se encuentra por debajo de las 28.000 toneladas fijadas como mínimo de supervivencia.

El reparto de cuotas vigente en la actualidad asigna a España 4.500 toneladas de anchoa procedentes del Golfo de Vizcaya y 500 a Francia. Sin embargo, según los datos que maneja el ministerio, hasta ahora apenas se han capturado 200 toneladas en la zona. Los pescadores han pedido la dimisión de la ministra Elena Espinosa y del secretario general de Pesca por considerar que les «engañaron» con la reapertura del caladero.