La agitada trayectoria del tripartito catalán ha salpicado también a Aragón. O al menos así lo ven en el Gobierno de la comunidad limítrofe, donde se confiesan «indignados» por haber acabado «pagando el pato» de la «debilidad» de un Ejecutivo hecho pedazos tras la expulsión de uno de sus socios. La historia no es sencilla y entronca con un largo y tortuoso litigio que comenzó en las sacristías y ha acabado en los despachos de los mismísimos presidentes de las dos comunidades, Pasqual Maragall y Marcelino Iglesias, que se han cruzado cartas hasta ahora con nulos resultados. La manzana de la discordia son 113 piezas de arte sacro que se disputan los obispados de Lleida y de Barbastro-Monzón. Las obras permanecen en el Museo Diocesano de la capital leridana a pesar de que la Signatura Apostólica -el equivalente vaticano del Tribunal Supremo- ha ordenado su entrega a la diócesis oscense.

El conflicto, que se ha ido enquistando hasta acabar con el abandono de Aragón de la eurorregión Pirineos-Mediterráneo impulsada por Maragall, es sólo el último capítulo de la tradicional tirantez de Cataluña con sus vecinos aragoneses, valencianos y baleares, todos ellos incluidos en el proyecto original auspiciado por el president, una cuestión altamente sensible visto lo visto. De ese diseño desde el principio quedaron fuera Andorra -por su condición de estado independiente- y la Comunidad Valenciana, que jamás ha estado dispuesta a formar parte de una iniciativa que a su entender coloca el epicentro en Barcelona y reserva papeles secundarios para el resto de sus integrantes, además de resultar «inconstitucional».

De hecho, esta comunidad -según fuentes de la Generalitat valenciana, gobernada por el PP con mayoría absoluta- achaca el enconamiento de sus relaciones con Cataluña al «afán expansionista» de sus vecinos y, en concreto, a la acción política de Pasqual Maragall, a quien no perdonan que intente «recuperar la vieja idea» de reunificar los 'Països catalans'. Los tiras y aflojas por culpa de la «insolidaria actitud» respecto al agua y el «histórico» revuelo en torno a la lengua, ahora aplacado, han hecho el resto. «Los conflictos institucionales entre Cataluña y la Comunidad Valenciana responden a provocaciones del Gobierno catalán», resumen medios oficiales del Ejecutivo presidido por Francisco Camps.

Si los choques entre una comunidad regida por el PP y otra gobernada por el nacionalismo de nuevo cuño que para los populares representa Maragall resultan más o menos lógicos, más sutil parece el caso de Aragón, donde gobiernan los socialistas en coalición con el PAR. Allí se esfuerzan en mostrarse conciliadores y restar peso político a una polémica de plena actualidad, la de las obras de arte religioso, que -puntualiza el viceconsejero de Cultura, Juan José Vázquez- «es entre Administraciones y en ningún caso entre comunidades o pueblos» y que siempre han preferido mantener estrictamente circunscrita a los límites del derecho canónico. Pero, una vez metidos en harina política, el Ejecutivo tiene muy clara su posición, que Vázquez resume con fina ironía: «Si las almas han pasado a depender de Barbastro, que pasen también los bienes».

Las piezas de la Franja

El 'número dos' de la consejera Eva Almunia alude así al origen del conflicto, que se remonta a 1995, cuando el Vaticano decidió acomodar los límites de las diócesis eclesiásticas a los de las comunidades autónomas. De este modo las parroquias ubicadas en la denominada Franja Oriental en Aragón o Franja del Ponent en Cataluña -compuesta por más de medio centenar de municipios limítrofes catalanoparlantes pero adscritos administrativamente a Aragón- fueron segregadas del obispado de Lleida y pasaron a depender del de Barbastro. Y con ellas, también los «bienes muebles» allí custodiados, es decir, las 113 obras de arte sacro que el Vaticano cree demostrado que pertenecen a Huesca, de dónde son originarias. Otras veinticinco piezas quedaron definitivamente adjudicadas a Lleida, que ha recurrido hasta cinco veces la sentencia de la Signatura Apostólica y otras tantas ha visto rechazada su demanda.

Pero es la moción aprobada por unanimidad en el Parlament el pasado 19 de mayo -que obligaba a la Generalitat a preservar la «unidad» de la colección en disputa contra el criterio de los tribunales eclesiásticos- la que ha agotado la paciencia de los aragoneses. Y aquí es donde entra en juego la peculiar situación política catalana y donde se demuestra que el conflicto no es ajeno a intereses partidistas. La resolución del Legislativo catalán matizaba significativamente la decisión de la antigua consejera de Cultura, Caterina Mieras, que se inclinaba por la gestión conjunta y amistosa de las piezas en litigio. La moción, en cambio, aboga por posponer la 'custodia compartida' y mantener las piezas en el museo ilerdense y fue impulsada por CiU y ERC.

No obstante, el PSC e ICV se vieron obligados a sumarse, recién roto el tripartito tras la expulsión de Esquerra, para no poner en evidencia su minoría parlamentaria, aunque después han admitido que su decisión fue un error. «El Parlament se ha extralimitado e intenta influir en la Generalitat para que se coloque al margen de la ley», se indigna el viceconsejero Vázquez. «Lo que nos molestó es que la debilidad por la que atravesaban las instituciones catalanas se acabara utilizando contra Aragón y que sea Aragón el que acabe pagando el pato. Fue algo indigno», ilustra.

El Ejecutivo aragonés, a diferencia de algunos grupos de la oposición, prefiere no hablar de «expolio» ni establecer comparaciones con los famosos 'papeles de Salamanca' y confía en que la relación «diaria y continua» con sus vecinos catalanes se mantenga en el futuro y que imperen «la ley y el sentido común». Pero tiene claro que no volverá a tomar parte en los trabajos de la eurorregión -la salida del proyecto fue aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón- hasta que no perciba algún «gesto de buena voluntad» desde Cataluña. No es la iniciativa en sí lo que la comunidad gobernada por Iglesias cuestiona sino la actitud de sus vecinos. «Nos sentimos cómodos en una eurorregión que supera fronteras y nos hace fuertes en Europa pero no podemos trabajar con unos socios de los que recelamos por su menosprecio», sentencia Juan José Vázquez.

«Ni una gota» del Ebro

Con Valencia los problemas son más terrenales o mejor dicho fluviales. La famosa frase de Maragall sobre el trasvase del Ebro -prometió no enviar «ni una gota de agua» del río a Levante- no se olvida en Valencia. Una «provocación» que en el Gabinete del popular Camps se compara con la de ERC al organizar una paella popular para festejar la derogación del Plan Hidrológico Nacional. «Y encima la montaron en Tarragona, que está al lado de Castellón», abundan los medios consultados, que ven en los catalanes ciertos «celos» a raíz, por ejemplo, de la «competitividad» que demuestra el puerto de Valencia respecto al de Barcelona.

De la «insolidaridad» con los recursos hídricos a la «agresión» que para la comunidad levantina supone el proyecto de eurorregión, que el PP entiende como una vía sibilina para «usurpar competencias y autogobierno» a las autonomías vecinas. La misma interpretación que desde las filas populares se hace en las comunidades que en la Edad Media integraron junto a Cataluña la Corona de Aragón -Baleares, Valencia y Aragón-, máxime desde que el proyecto de Estatut incorpora una referencia a la gestión catalana de los «fondos propios» del archivo del reino. Para el PP supondría acabar de un plumazo «con siglos de historia compartida». Y, lo que es más sorprendente, en Valencia añoran a Pujol. «Con CiU estábamos mejor».