Juan Pablo González (Segovia, 1961) no disimula su añoranza de Bilbao, donde se encuentran sus «mejores amigos» y a cuyos juzgados prevé regresar una vez concluya su vocalía en el Consejo General del Poder Judicial. González, integrante de la Asociación Profesional de la Magistratura, ofrece su visión sin medias tintas sobre el proceso de paz, y acota la implicación de los jueces a cumplir y hacer cumplir la ley.

-¿Hay motivos para que el Tribunal Superior del País Vasco adopte una decisión como la de admitir la querella contra el lehendakari por entrevistarse con Batasuna?

-No voy a comentar los hechos en que se basa la querella, pero sí que la reacción del Gobierno vasco resulta inaceptable e impropia en un país moderno y democrático, constituye un ataque sin precedentes a la independencia judicial y una quiebra en el buen entendimiento del principio de separación de poderes. A veces da la sensación de que el Estado de Derecho les estorba. Lo que pretende el Gobierno al solicitar en el Parlamento la comparecencia del presidente del Tribunal Superior es, lisa y llanamente, intimidar a los jueces para que modifiquen su línea de actuación. Y eso es intolerable.

-El Ejecutivo acusa a los magistrados justamente de lo mismo: de quebrar la división de poderes.

-La única autoridad del Estado legitimada para determinar si otra autoridad ha incurrido en delito es el Poder Judicial, en eso consiste la separación de poderes. Quienes discrepen pueden recurrir. Desconocer las reglas básicas del Estado de Derecho supone retrotraernos a regímenes totalitarios, predemocráticos, que es lo que ha ocurrido con la reacción desmesurada del Gobierno vasco.

-¿Están forzando algunos jueces la interpretación de la Ley de Partidos?

-Más bien, es al contrario: da la impresión de que esa ley no está en vigor. Los jueces no actúan por cálculos de oportunidad y se equivocan quienes pretenden, como por ejemplo el vicepresidente del Consejo (Fernando Salinas), que den un margen de confianza al Gobierno. Ante el alto el fuego de ETA, ni la Justicia ni el Estado de Derecho pueden estar en tregua. Si el Parlamento considera que la Ley de Partidos no es adecuada, debe promover su modificación asumiendo su responsabilidad. Pero mientras esa ley o cualquier otra estén en vigor, los jueces están obligados a cumplirla y hacerla cumplir. La invocación reiterada a la realidad social, que además es un concepto muy complejo, no puede constituir un pretexto para vulnerar o desconocer la ley. Y tampoco entiendo en qué ha cambiado la realidad social, cuando ni ETA se ha disuelto, ni la tregua es irreversible, ni el señor Otegi ha dejado de ser un presunto terrorista dado que está procesado por la Audiencia Nacional.

-¿Quien se reúna con Batasuna debe asumir, entonces, que se le puede imputar un delito?

-Batasuna es un partido declarado ilegal por formar parte de ETA; según la UE, es una organización terrorista; sus actividades han sido suspendidas por la Audiencia Nacional; y todas las decisiones judiciales han sido ratificadas por el Constitucional. Estamos hablando no de una organización política, sino del instrumento de una organización terrorista. Por lo tanto, quien se reúna con Batasuna tiene que valorar seriamente la posibilidad de que está colaborando, de una manera o de otra, con una organización terrorista. Únicamente sería admisible la interlocución política con Batasuna si, después de una refundación, pudiera ser legalizada. Pero para ello sería necesario una renuncia expresa y definitiva al uso de la violencia. Cualquier institución o autoridad que mantenga una relación o que dé cobertura a Batasuna, o a Otegi en su condición de representante de Batasuna, tiene que valorar la posibilidad indiciaria de incurrir en responsabilidad penal.

-¿Supone eso un aviso a navegantes para Patxi López?

-Pues me imagino que vamos a asistir a un cambio de terminología: oíremos hablar menos de Batasuna y más de la izquierda abertzale. Los tribunales se atienen en su actuación, en ocasiones, a condiciones formales, pero lo que no es admisible jurídicamente es que se dé carta de naturaleza a la actuación política de una organización ilegal y terrorista. Lo que no quiere decir que los integrantes de la izquierda abertzale se vean privados de sus derechos.

«Ser consecuente»

-La cuestión es si el Gobierno debe derogar o no esa ley.

-No veo motivos para derogarla, porque ha constituido, como el Pacto contra el Terrorismo, un instrumento esencial en la lucha contra ETA. Hay que ser consecuente en la aplicación de esa normativa y ser conscientes de que lo que ETA pretende es mantener su capacidad de coacción, tutelando este proceso porque sólo así puede conseguir sus objetivos políticos. Por eso, ahora más nunca es preciso mantener la presión social y judicial sobre el entramado ETA-Batasuna. Nuestra gran oportunidad radica en la debilidad de la organización terrorista y en un contexto nacional e internacional que hace muy difícil que pueda reanudar los atentados sin un enorme coste político y personal. Pero su derrota pasa por mantener esas políticas de firmeza, empezando por la aplicación rigurosa de la Ley de Partidos.

-Es decir, usted apuesta por la reconversión de Batasuna.

-No veo otra posibilidad. Lo que no se puede aceptar es que se mantenga como organización satélite e instrumental de ETA. Creo que los responsables políticos deben tener muy claro que la verdadera paz sólo llegará por el acatamiento por parte de todos del orden constitucional, basado en la existencia de una nación de ciudadanos libres e iguales respetuosa, eso sí, con el autogobierno de sus regiones y nacionalidades. El Estado no puede rendirse, no se puede negociar políticamente con terroristas, porque sería como reconocer que sus 850 asesinatos han servido para algo. Hoy por hoy, ETA-Batasuna no ha renunciado a la violencia y no ha interiorizado su derrota.

-¿Son conscientes de que investigar a quienes se reúnan con los dirigentes abertzales puede ser una medida muy impopular, que la ciudadanía no acabe de comprender?

-El Poder Judicial no se mueve por el mayor o menor apoyo social que puedan tener sus decisiones. Una de las características del sistema judicial es que tiene que defender los derechos individuales incluso en contra de la opinión de la mayoría. Y ésa es la grandeza del sistema democrático. Efectivamente, puede haber una discrepancia en un determinado territorio en cuanto al resultado de la aplicación estricta de la ley. Pero la posición del Gobierno vasco se ha caracterizado por una ambigüedad calculada: se ha distanciado formalmente de ETA, pero ha dado cobertura social y política a los miembros de la organización. Por eso la invocación a la voluntad mayoritaria de la sociedad resulta hipócrita, cuando quienes lo hacen desde sectores mayoritarios nacionalistas nunca han aceptado la Constitución, el Estatuto, ni han reconocido a quienes han discrepado. La realidad social no puede ser cobertura para la negación del principio de legalidad.

-Cabe preguntarse por qué ahora se actúa y antes no, cuando Ibarretxe nunca ha ocultado que recibía a Batasuna. Y cuando Zapatero se dispone a abrir el diálogo con ETA.

-Un tribunal no actúa de oficio. El hecho de que en otras ocasiones se hayan producido esos contactos y no haya habido una reacción judicial, bien porque nadie la haya instado o bien porque el tribunal no ha tenido conocimiento de ello, en modo alguno menoscaba la legitimidad de la actuación que se produce como consecuencia de la presentación de la querella. Y en este caso, la Fiscalía ha cambiado sus criterios. En los últimos tiempos, da la impresión de que el principio de legalidad ha sido desplazado por el principio de oportunidad. Llamar a Otegi 'hombre de paz' me parece un sarcasmo.

-¿Les preocupa el protagonismo adquirido por Grande-Marlaska o creen que necesita amparo?

-La Audiencia Nacional es absolutamente necesaria, y si no existiera, habría que inventarla. Ha sido fundamental en la lucha contra el terrorismo y quisiera destacar el papel de algunos jueces, en particular el trabajo de Garzón. El juez Grande-Marlaska ha sido sometido a evidentes presiones, aunque no ha solicitado ese amparo; el Consejo no se ha pronunciado formalmente, pero sí sus vocales. En condiciones muy difíciles, Grande-Marlaska está ejecutando su trabajo con absoluta independencia.

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