Desde hace algún tiempo serpea en los medios de comunicación el asunto de las cámaras de la propiedad urbana. Lo que comenzó como una decisión administrativa ha terminado en un culebrón a la altura de la calle Diputación (como habría anotado Torrente Ballester). Lo cierto es que el asunto se reduce a contestar una pregunta: ¿Las cámaras forman parte de la Administración pública orgánica o funcionalmente? Si lo son pueden recaudar ingresos públicos, realizar tareas exclusivas y ser controladas por los órganos superiores de la Administración competente. Si no lo son no podrían haber exigido ningún ingreso obligatorio, ni sus funciones serían necesarias ni estarían subordinadas a la Administración. La respuesta a esta pregunta no puede darse en el nivel técnico, por lo que sería de agradecer que la Administración competente contestase y nos dejásemos de 'camaradas', para no quedarnos pasmados como el rey del que hablaba Torrente Ballester.