La aprobación ayer del nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña ofreció, también, el elocuente dato de la baja participación en el referéndum. La rotunda victoria del «sí» sobre el «no» en ningún caso podría soslayar el hecho de que más de la mitad del censo no acudiera a las urnas. Fue, sin duda, la consecuencia del cansancio provocado a través de meses de polémica tramitación, en la que la clase política catalana ha acabado distanciándose en exceso de las inquietudes ciudadanas más inmediatas. La propia Generalitat ha concebido el Estatut más como «un nuevo instrumento de gobierno» -en palabras de Pasqual Maragall- que como un marco actualizado de convivencia entre los catalanes y de estos con el resto de los españoles.

Sin embargo, constituiría un grave error, que expresaría un más que dudoso sentido democrático, que a cuenta de los datos de participación se procediera a deslegitimar el resultado del referéndum. En este sentido las palabras de Mariano Rajoy, afirmando que «dos de cada tres ciudadanos de Catalunya han rechazado el Estatut», ni reflejan la verdad de lo acontecido ni ayudan a reconducir las posiciones hacia un horizonte de mayores coincidencias. Entre otras razones porque ese mismo argumento, aplicado de forma retrospectiva, acabaría dando la vuelta a buena parte de la construcción de la España constitucional y autonómica.

Hubiera sido de desear una reforma consensuada y un contenido más comedido para la nueva etapa autonómica. Hubiera sido de desear que el denominado «Pacto del Tinell», que partía de la exclusión del PP para alcanzar cualquier acuerdo entre los demás, no se convirtiera poco menos que en base fundacional del nuevo Estatut. Pero el resultado de ayer no puede recibirse por parte de nadie como una invitación a perpetuar y agravar las tensiones precedentes, sino que constituye una llamada a la moderación, a evitar exageraciones, a renunciar a la escalada de agravios. Ni el PP de Catalunya ni el Partido Popular en su conjunto deberían anteponer el dato de la baja participación al dato de la rotunda victoria de los votos «sí» sobre los «no».

El Estatut aprobado ayer está abocado a su interpretación y eventual revisión por parte del Tribunal Constitucional. El anunciado recurso del PP va a convertirse en la primera prueba a la que se vea sometido. El partido de Rajoy ha tenido la prudencia de no comprometer el contenido de dicho recurso con anterioridad a la celebración del referéndum. Pero cabe pensar que el resultado de éste inducirá al primer partido de la oposición a reiterar en el mismo los argumentos expuestos en contra del Estatut durante su tramitación en las Cortes Generales. En cualquier caso, sería aconsejable que los populares ciñesen los términos de su recurso a aquellos aspectos que de verdad podrían afectar a un desarrollo armonioso del Estado de las autonomías dentro del marco constitucional. La victoria del «sí» legitima el contenido general del nuevo Estatut, que se convierte en la nueva ley orgánica que regirá el desarrollo de la autonomía catalana. Pero ello no impide que el Constitucional pueda introducir aquellos cambios y precisiones de interpretación que terminen acomodando el Estatut a la Carta Magna. Una eventualidad que los promotores del Estatut deberían contemplar con la normalidad y la lealtad institucional con la que las demás esferas del Estado constitucional han de reconocer y asumir el refrendo catalán a su nuevo marco de autogobierno.

El resultado del referéndum resta argumentos a quienes, desde el voto en contra propugnado por ERC, o desde el voto a favor solicitado por CiU, han mostrado con mayor o menor ahínco su propósito de recuperar el texto que el 30 de septiembre de 2006 aprobara el Parlamento de Cataluña y cuyo contenido fue modificado en su tramitación por las Cortes Generales. Si ayer no llegó a la mitad del censo el número de votantes que concurrieron a las urnas, no fue porque el texto sometido a refrendo les pareciera insuficiente. Todo lo contrario: la exigua participación constituye un clamor a favor de la sensatez y el pragmatismo, del acuerdo y la estabilidad. Convocados a una nueva liza electoral, los partidos catalanes corren el riesgo de ahondar en las graves heridas que han descrito una trayectoria caótica tanto en la elaboración y tramitación del Estatut como en el gobierno de la Generalitat. El nuevo Estatut, en parte debilitado por la baja participación en el referéndum, podría comenzar a destejerse a causa de la contienda partidista. Una dinámica que, nuevamente, devolvería a Cataluña a un peligroso ensimismamiento. Cuando, tras el resultado del referéndum, lo urgente es que las principales formaciones y dirigentes catalanes entiendan que sería también bueno para Catalunya apreciar con mayor receptividad aquello que las demás autonomías entienden como interés común del conjunto de los españoles.