La decisión de dialogar y negociar de manera oficial con ETA está tomada, probablemente desde hace tiempo, y pronto se hará realidad. Lo único que se ha tenido en cuenta para dar ese paso es el anuncio de la tregua del 22 de marzo. Todas las vicisitudes que han sucedido en ese tiempo -la extorsión y la violencia callejera, sobre todo- han sido ignoradas.

Tal vez haya que poner estos episodios en una balanza y hacer una valoración del contexto y decidir que, si como cree el Gobierno, hay una oportunidad para la paz esas circunstancias se deban pasar por alto en aras de un interés superior. Tal vez. Es responsabilidad del Gobierno decidirlo, pero es también su obligación ofrecer explicaciones transparentes a los ciudadanos. Nos merecemos ser tratados como adultos racionales y no ha sido así un montón de veces en estos tres meses.

No hemos sido tratados así cuando desde instancias oficiales se ha minusvalorado la violencia callejera y se han lanzado cortinas de humo para ocultar la responsabilidad de la organización terrorista. Porque la violencia callejera ha continuado y ha sido utilizada con sentido de la oportunidad: por ejemplo, cuando fueron atacados una quincena de batzokis, entre otros objetivos, en el momento en que ETA y Batasuna le estaban echando un pulso al Gobierno a base de amenazas para conseguir el reconocimiento como interlocutor de Batasuna. El Ejecutivo hizo como que no veía los ataques, hasta el punto de que el PNV tuvo que hacer una declaración oficial llamándole la atención y denunciando su ceguera selectiva.

No somos tratados como adultos cuando los socialistas vascos pretenden convencernos de que la reunión con Arnaldo Otegi supone un reconocimiento de la izquierda abertzale y no de Batasuna, que es ilegal. Deben andar escasos de argumentos quienes recurren a explicaciones tan endebles para justificar un paso tan importante.

Tampoco parece que reconozcan la capacidad de reflexión de los ciudadanos cuando se miente abiertamente para negar la existencia de cartas de extorsión y las prácticas de chantaje de ETA y se acusa a quienes hacen pública esta realidad. O cuando se ignora que el contenido de las declaraciones públicas de ETA no alimentan la esperanza de la paz y se despacha la cuestión diciendo que son un asunto de consumo interno.

El Gobierno puede abrir el diálogo con la organización terrorista en las condiciones que desee, pero debe a los ciudadanos claridad en las explicaciones y no puede pretender que la realidad sea ignorada como si no existiera.