La operación franco-española contra la red de extorsión de ETA es la primera sobre la financiación de la banda realizada en este país contra miembros 'legales'. Respecto a los arrestos practicados en Francia, los siete detenidos lo fueron en sus domicilios de varias localidades del País Vasco francés -dos en Biarritz y uno en Arcangues, Bayona, Saint Pee Sur Nivelle, Ascain y Hendaya.

Entre los detenidos se encuentran Ángel Iturbe Abásolo -de 53 años- responsable de la red y hermano de Domingo Iturbe 'Txomin', que fue máximo dirigente de ETA; Julen Kerman de Madariaga y Aguirre -de 73 años-, considerado uno de los fundadores de la banda terrorista y actual dirigente de Aralar, y Eloy Uriarte Díaz Guereñu -64 años- 'alias 'Señor Robles', encargado del aparato financiero.

En un principio se había informado de la detención de una nueva persona en el País Vasco francés. Se trataba de Janine Etxeberri, esposa de uno de los cinco arrestados en España, Ignacio Aristizabal, quien, según informaba Efe, había sido arrestada en el hospital de Bayona donde trabaja como enfermera, ha precisado la portavoz. Sin embargo, fuentes de Askatasuna han confirmado que únicamenta ha sido trasladada como testigo al registro de su vivienda junto a su marido.

Los cinco presuntos miembros de ETA detenidos esta madrugada en España fueron arrestados en las localidades guipuzcoanas de Oiartzun e Irún, así como en Santa Pola (Alicante), han informado fuentes de la investigación. Ramón Sagarzazu Olazaguirre e Ignacio Aristizábal fueron detenidos en Oiartzun, mientras que el francés Jean Pierre Harocarene lo fue en Irún.

Irrelevancia

En cuanto a las detenciones de Joseba Imanol Elosúa Urbieta y de su yerno, José Carmelo Luquín, en Santa Pola, las fuentes de la lucha antiterrorista consideran irrelevante a efectos de la investigación la presencia de ambos en la localidad alicantina, y aseguran que la misma no guarda ninguna relación con la actividad de ETA.

El aparato desarticulado operaba en ambos lados de la frontera desde hace 20 años y su cometido era la gestión y recaudación del conocido como 'impuesto revolucionario' exigido a empresarios e industriales españoles, fundamentalmente en el País Vasco y Navarra. La operación, dirigida por los jueces Fernando Grande-Marlaska y Laurent Levert y que tiene su origen en un sumario de 1998, está directamente relacionada con las investigaciones que durante los dos últimos años se han desarrollado en ambos países en torno a las actividades de ETA.

De acuerdo con las investigaciones, la dirección de la red estaba en Francia, donde se coordinaban las peticiones exigiendo el pago del 'impuesto revolucionario' a los empresarios españoles. Estas funciones las realizaban los detenidos José Luis Cau Aldanur (de 62 años), María Cristina Larrañaga Arando (52 años), Eloy Uriarte Díaz de Guereñu, Ramón Sagarzazu Olazaguirre (69) y José Ramón Badiola Zabaleta (48), bajo la dirección de Iturbe Abásolo. También ha sido detenida en el país galo María Izaskun Ganchegui Arruti, hermana de José María Ganchegui 'Peio'.

Entregar los recibos

En España, la red realizaba labores de intermediación, que consistían en establecer contacto con los extorsionados, activar el proceso de negociación, articular plazos y vías seguras de pago, entregar los recibos, distribuir y poner en circulación las cartas de extorsión y, en algunos casos, recibir el dinero, actuando también como "enlaces".

Estas labores las desarrollaban los arrestados Joseba Imanol Elosúa Urbieta (71 años), José Carmelo Lúquin Vergara (31 años) -yerno de Elosúa Urbieta- y Jean Pierre Harocarene Camio (42 años). También ha sido detenido en España Sagarzazu Olazaguirre -expulsado de Argel en 1989 en cumplimiento de los acuerdos de cooperación entre ambos países-, e Ignacio Aristizábal Iriarte (59 años).

Además, invertían los beneficios obtenidos como consecuencia de la actividad criminal de los intermediarios y hacían desaparecer ese capital obtenido de manera ilícita y clandestina de los circuitos financieros regulares fiscalizables en España, trasladándolos a paraísos fiscales. Además, se han bloqueado los saldos de más de medio centenar de cuentas bancarias domiciliadas en entidades financieras españolas y francesas, cuya naturaleza está siendo investigada.

Registros

En la operación, que aún continúa abierta, se están practicando en España catorce registros en la provincia de Guipúzcoa y dos en la de Alicante y se han embargado bienes patrimoniales con un valor estimado superior a los 700.000 euros, entre ellos un establecimiento de hostelería regentado por Elosúa Urbieta cuya clausura ha ordenado el juez, así como otros inmuebles presuntamente adquiridos en su día con los beneficios obtenidos del pago de las extorsiones.

Actualmente están en marcha los registros de las viviendas de los arrestados en presencia de los mismos, los cuales serán trasladados a lo largo del día a la comisaria de Bayona una vez que hayan concluido estas labores. Se desconoce si todos serán trasladados a París para ser presentados ante la magistrada Le Vert para su eventual imputación por asociación de malhechores con fines terroristas, señalaron las fuentes.

La operación ha sido llevada a cabo por uno de los cuatro equipos de investigación conjunta hispano-franceses que están en marcha actualmente sobre la banda terrorista, han indicado una de las fuentes. Las pesquisas del equipo de investigación conjunta que ha hecho posible esta redada estaban relacionadas con una extorsión de fondos ligada a la recaudación del llamado "impuesto revolucionario".