El Tribunal Superior de Justicia estudia en estos momentos si debe o no plantear una «cuestión prejudicial» ante la Corte de Luxemburgo para que dictamine si el Impuesto de Sociedades que se aplica en el País Vasco es acorde o no con la legislación comunitaria. Una de sus salas de lo contencioso remitió ayer a las diputaciones una providencia en la que les pide que se pronuncien sobre la adopción de esta iniciativa en el plazo máximo de diez días. La consulta al Tribunal de la UE figura como reclamación en uno de los recursos presentados por los gobiernos de Castilla-León y La Rioja contra la norma que regula la tributación de los beneficios empresariales en Euskadi, según fuentes consultadas por este periódico.

El propio Tribunal Superior comunicó ayer oficialmente la suspensión cautelar del tipo de gravamen aprobado por los tres ejecutivos forales el pasado diciembre -el 32,6%-, en respuesta a una petición realizada por la comunidad autónoma de La Rioja. La decisión se basa en que la diferencia con el porcentaje declarado ilegal por el Supremo -el 32,5%- es «anecdótica». El auto no tiene efectos prácticos reales, ya que ese mismo acuerdo de las diputaciones había sido paralizado por los magistrados el 10 de mayo al resolver un recurso similar del Ejecutivo de Castilla-León.

Cuestión prejudicial

La consulta a la Corte de la UE, que tardaría varios años en resolverse según fuentes jurídicas, se realizaría con carácter previo a la resolución de los recursos. Es decir, antes de fallar sobre el fondo del asunto y decidir si el 32,6% es un tipo impositivo que puede ser calificado como «ayuda de Estado» a la luz de la legislación comunitaria. El 32,5% sí lo es, según el criterio que utilizó el Supremo a principios de 2005 para considerar ilegal el tipo que gravaba hasta ese momento los beneficios obtenidos por las empresas vascas. El Alto Tribunal estimó que la diferencia entre esa cifra y el 35% que se aplica en el resto de España era lo suficientemente grande como para considerarlo «ayuda» y requerir, por tanto, una autorización expresa de la UE que no existía.

Aunque la vía ahora explorada por el Tribunal Superior puede resultar una buena salida desde el punto de vista técnico para intentar que sea la Corte de Luxemburgo quien zanje de forma definitiva la maraña jurídica en la que se ve envuelto el Impuesto de Sociedades, la iniciativa va a encontrar una fuerte resistencia política. El PNV ya manifestó sus discrepancias en el pasado -una cuestión similar se formuló en 1997- porque, en su opinión, someter la normativa fiscal vasca a un filtro previo de las autoridades comunitarias supone relegarla a un segundo plano en comparación con las leyes tributarias que aprueba, sin ir más lejos, el Parlamento español. Además, existe un notable temor a someter la fiscalidad vasca y el propio Concierto Económico a la consideración del Tribunal de la UE por lo «incierto» del resultado. Un revés en esta instancia -sostienen en la formación nacionalista- puede tener consecuencias nefastas para el futuro.

Más recientemente, a finales del pasad año, el PNV ya dejó claro que la 'censura previa' de la UE no encaja en su estrategia. Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa no dudaron en rechazar así la propuesta del Ejecutivo foral de Álava, que propuso elevar una consulta a la Comisión Europea en plenas negociaciones para decidir el nuevo tipo del Impuesto de Sociedades y de las que salió el ahora suspendido 32,6%.

Confebask anunció que recurrirá la suspensión cautelar decretada ayer y la patronal vizcaína Cebek pidió al Gobierno de La Rioja que reflexione sobre su propia fiscalidad «en lugar de recurrir continuamente» la vigente en el País Vasco.