El Tribunal Superior de Justicia ya recurrió por primera vez en 1997 a la Corte de Luxemburgo, para reclamar su dictamen sobre la fiscalidad vasca. El asunto no llegó a sustanciarse en un pronunciamiento del órgano comunitario ya que, justo cuando iba a producirse, el Gobierno central retiró los recursos judiciales que habían dado origen a este proceso y todo quedó paralizado.

En aquel momento, el Tribunal Superior decidió escuchar la opinión jurídica de la UE sobre varios asuntos que habían resultad especialmente polémicos en la elaboración del Impuesto de Sociedades del País Vasco: las denominadas 'vacaciones fiscales', que suponían una reducción tributaria para las empresas de nueva creación; las deducciones de hasta el 45% de las inversiones en activos productivos nuevos y el cuasi 'paraíso fiscal' creado para los centros de coordinación financiera de multinacionales.

El acuerdo alcanzado por el PNV y el PP en enero de 2000, conocido como 'paz fiscal' y que incluso fue formalizado con una firma en Ajuria Enea a la que asistieron el lehendakari y el entonces vicepresidente Rodrigo Rato, impidió conocer la opinión del Tribunal de la UE sobre el margen de maniobra de la fiscalidad vasca. El Gobierno central retiró sus recursos a cambio de que las diputaciones eliminasen esos beneficios fiscales.