Las dos fuerzas políticas mayoritarias en Cataluña no dejaron pasar ni 24 horas desde el referéndum para pasar la página del Estatuto y dirigir la vista a las elecciones autonómicas de otoño. Tanto CiU como el PSC coincidieron en que la interinidad del Gobierno de la Generalitat no permite aplazar los comicios, pero difieren en las fechas. Los nacionalistas quieren que sean cuanto antes, apuntan a octubre. Los socialistas han subrayado un día del calendario, el 19 de noviembre, aunque también contemplan el 22 de octubre.

La resaca del referéndum duró poco. Hubo más explicaciones sobre la elevada abstención, pero CiU y el PSC posaron la mirada en otoño. El líder nacionalista, Artur Mas, fue claro al dibujar el panorama político catalán y del Gobierno de Pasqual Maragall en particular: «no hay motivo para alargar agónicamente esta situación precaria y en tránsito». Cataluña, añadió tras la reunión de la ejecutiva de la federación, necesita «un buen Gobierno», no uno «en minoría».

El presidente de CiU, en consecuencia, hizo «un llamamiento» al jefe del Ejecutivo autónomo para que convoque las elecciones y anteponga «el bien de Cataluña» a «sus intereses personales» o a «los de su partido». Los nacionalistas, explicaron fuentes cercanas a Mas, quieren mantener la posición favorable que auguran todas las encuestas.

Los socialistas compartieron la idea de la cita con las urnas, pero no las prisas. No carecen de razones ya que por no tener, no tienen ni candidato. La dirección del PSC deshoja la margarita entre la continuidad de Maragall, el preferido por la militancia, o su relevo por el ministro de Industria y primer secretario del partido, José Montilla, el favorito del 'aparato', de La Moncloa y del PSOE.

Tras semanas de forzado silencio, la ejecutiva de los socialistas catalanes abordó, con intervenciones incluidas de Maragall y Montilla, por primera vez el tema. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, anunció que la incógnita se despejará «pronto», en «los próximos días», si bien Montilla matizó que la decisión se tomará en «las próximas semanas», aunque la idea es, según el ministro, tener «las cosas listas antes de las vacaciones». El primer secretario de los socialistas catalanes rompió, además, con su proverbial discreción y con respecto a su posible candidatura, admitió que «a cualquier dirigente político le haría ilusión ser presidente» de la Generalitat.

Indefinición

Esta indefinición sobre la candidatura llevó a los socialistas catalanes a no tener urgencias de agenda. Sin descartar que Maragall convoque las elecciones para el 22 de octubre, se mostraron más partidarios de hacerlas el 19 de noviembre. Sería, explicó Iceta, una fecha «entrañable y emblemática» porque casi coincidiría con el tercer aniversario de los comicios autonómicos del 16 de noviembre de 2003.

Entretanto, se sucedieron las explicaciones sobre la elevada abstención en el referéndum estatutario, si bien tanto CiU como PSC ven posible que se alcance o se bordee más la barrera psicológica del 50% de participación una vez que se recuenten este viernes los 32.000 votos enviados por correo. Además de los manidos argumentos de que la consulta se celebró en un día festivo con un clima más de playa que de urna, y que a diferencia del referéndum de 1979, aquel se celebró en un momento de efervescencia política, los partidos mayoritarios agregaron nuevas razones en un tono autocrítico.

Nacionalistas y socialistas admitieron por separado que lo farragoso, aburrido y largo del proceso -la primera reunión de la ponencia de la reforma se celebró hace más de dos años, en febrero de 2004- ha acabado por desmovilizar a los sectores de la población menos politizados. Reconocieron también su error de dar por descontada la victoria del 'sí', una actitud que llevó a muchos ciudadanos a no votar porque el Estatuto no estaba en peligro.

CiU y PSC vieron innecesario llevarse las manos a la cabeza porque, según diagnóstico compartido por Mas y Montilla, en Cataluña hay una «abstención técnica» del orden del 40% en las consultas autonómicas. Quedan cuatro o cinco meses para comprobar si el divorcio entre partidos y ciudadanos es circunstancial o es algo más.