Todo el mundo afirma estar de acuerdo con la idea planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de acudir a la Unión Europea en busca de un arbitraje que dé carpetazo al interminable conflicto fiscal que nos aqueja, así que debe de ser una iniciativa sensata.

Sin embargo, y si les soy sincero, yo no le veo mucho sentido. ¿Vamos a Bruselas en busca de una solución al problema concreto de los tipos del Impuesto de Sociedades o vamos a arreglar el problema de fondo que plantea el encaje en el Estado y en Europa de nuestro peculiar sistema fiscal? Si, como supongo, buscamos respuestas para la primera pregunta, nos podemos ahorrar el viaje y el tiempo.

Cuando las instancias europeas nos den su opinión definitiva, los tipos que juzgarán será ya historia fiscal lejana, dada la elevada mortandad y la escasa esperanza de vida que muestran nuestras normas en la materia. Por eso, como las que acaparen su atención serán, con toda seguridad, diferentes de las que se encuentren en vigor, habrán decidido inevitablemente sobre algo que carecerá de interés y, si todo sigue igual, tendrán que volver a empezar y opinar una y otra vez sobre normas que ya no se aplican. Si, por el contrario, se trata de la segunda opción, no me parece bien que vayamos a Bruselas en pos de una solución definitiva que no hemos sido capaces de encontrar aquí, entre nosotros.

El problema que nos ocupa provoca unas consecuencias económicas prácticas muy escasas, pero tiene una honda relevancia política. La organización de la Hacienda pública en sus diferentes escalones, así como la financiación territorial, son problemas internos del Estado español y es aquí dentro donde se debe encontrar la solución para sus males. Ahora bien, si todo el mundo está de acuerdo, sea, vayan pues a Bruselas, hagan sus gestiones y nos lo cuentan a la vuelta.