El Gobierno considera que la detención de doce personas presuntamente vinculadas con la red de extorsión de ETA no obstaculizará el proceso de paz que José Luis Rodríguez Zapatero quiere poner en marcha de inmediato. Sin embargo, el PP entiende que los resultados de esta operación judicial y policial ponen en cuestión la verificación del alto el fuego que el Gabinete socialista decía haber constatado.

El ministro de Interior, en una comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la operación antiterrorista, advirtió a ETA que el Estado de Derecho funcionará aun a pesar del alto el fuego. «Ni los jueces ni los policías están con los brazos cruzados» por lo que «todo el mundo» debe aprender a cumplir las reglas y la ley, señaló. Alfredo Pérez Rubalcaba negó tajante que estos arrestos puedan dificultar el camino hacia el final del terrorismo y destacó que «ningún dato significativo» indica que esta operación pueda bloquear el proceso de paz.

Pérez Rubalcaba informó a primera hora de la mañana al PP de la operación puesta en marcha por los jueces. Fuentes socialistas indicaron que el presidente del Gobierno también se pondrá en contacto con Mariano Rajoy para hacer un último intento de aproximación al primer partido de la oposición antes de comunicar al Pleno el inicio del proceso de paz.

Según todas las fuentes consultadas, la intención de Zapatero era aprovechar el Pleno de hoy sobre la última cumbre de Bruselas para informar a los partidos de que el alto el fuego de ETA es real y de que se dispone a autorizar el diálogo con la banda terrorista. No obstante, estas mismas fuentes apuntaron que a última hora de ayer el jefe del Ejecutivo no había tomado una decisión definitiva.

En todo caso, los populares están convencidos de que Zapatero no pedirá finalmente el apoyo del Parlamento para dialogar con ETA: «Tienen las cosas muy difíciles porque para demandar la autorización parlamentaria necesitan garantizar la verificación del alto el fuego, como dice la resolución aprobada», señala un alto dirigente del PP.

Y es que el primer partido de la oposición cree que estos arrestos se realizaron al margen del Ejecutivo y considera que pone en cuestión esa verificación. Según la formación que lidera Mariano Rajoy el Gobierno «sabía» todo esto y que la banda mantenía su aparato de extorsión y recaudación entre España y Francia.

«Capital importancia»

El portavoz parlamentario popular, Eduardo Zaplana, afirmó que los arrestos son «de capital importancia» y proclamó que «el Estado de Derecho sigue funcionando cuando hay jueces y fuerzas de seguridad que cumplen con su obligación, al margen de otras declaraciones en el ámbito político que sugieren lo contrario».

Zaplana pidió explicaciones a Pérez Rubalcaba y le preguntó por qué afirma que la operación policial y judicial no afecta al proceso de paz. «Nos han dicho que el proceso de verificación estaba culminado», recordó. «Conviene que el ministro del Interior dé algún detalle sobre esto», añadió, antes de preguntarse que «si los terroristas quieren disolverse y si sabemos que ésa es su voluntad, ¿por qué no se disuelven?».

Por su parte, tanto Izquierda Unida como CiU apremiaron a Rodríguez Zapatero a darse prisa y a autorizar de inmediato los contactos con ETA.