Once días después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco viese indicios de delito en la reunión que mantuvo Juan José Ibarretxe con los dirigentes de Batasuna el pasado 19 de abril y aceptase la querella presentada por el Foro Ermua, el Gobierno vasco presentó ayer de forma oficial el recurso que han elaborado los servicios jurídicos del Ejecutivo contra la decisión adoptada por el TSJPV. Un texto cuyos argumentos arremeten con fuerza contra un auto que es considerado como «una amenaza indirecta para el conjunto del sistema democrático».

Fue la portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, la encargada de hacer públicas las tesis centrales de una impugnación destinada a parar una resolución que, de nuevo, ha abierto una brecha entre el Gabinete Ibarretxe y el Poder Judicial. Si hace justo una semana la totalidad de los consejeros del Ejecutivo decidieron autoinculparse, ayer Azkarate confirmó de forma oficial la presentación de un recurso en el que se considera que la entrevista mantenida entre Ibarretxe, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena se ubica «en el ámbito de las funciones públicas» y constituye un acto político «de cuya responsabilidad se rinde cuentas ante el Parlamento vasco y no ante órganos jurisdiccionales en una vía penal ilegitimamente utilizada».

Manteniendo en todo momento una línea de similar contundencia, el Gobierno autónomo argumenta que «la actuación controvertida» que se le achaca al lehendakari «consiste en una reunión para recabar la opinión de un sector de la sociedad vasca». El recurso presentado ayer recalca que el auto del Tribunal Superior le impide a Ibarretxe desarrollar la «opción política» que la «ciudadanía vasca ha elegido libremente». Sin embargo, el Ejecutivo va un paso más allá y afirma de forma rotunda que la aceptación de la querella es «una amenaza» para el sistema democrático y «pone en peligro todo el sistema político, ya que nadie podrá entrevistarse con una parte de esta sociedad».

El recurso también intenta hacer valer la nueva situación creada tras el alto el fuego decretado por ETA. En este sentido, se considera que las leyes deben aplicarse «con arreglo a la realidad social vigente» y, «sin duda», añade el Ejecutivo, «vivimos un contexto social en el que todos nos sentimos compelidos y motivados a facilitar el camino de la paz». Asimismo, se recalca que «dialogar es hacer política» y que de «ninguna manera puede ser delinquir».

«Líderes de peso»

La necesidad de mantener contactos con todos los sectores sociales y políticos del País Vasco se convierte así en uno de los principales argumentos del recurso presentado por el Gobierno, que también recuerda que los responsables de Batasuna no tienen «suprimidos sus derechos fundamentales. Son líderes con peso específico en su espectro sociológico».

Para el Gabinete de Juan José Ibarretxe, que pide la desestimación y el archivo de la querella presentada por el Foro Ermua, excluir a los miembros de la formación ilegalizada «como interlocutores del lehendakari constituiría una restricción ilegítima de derechos, desconectándolos de manera muy peligrosa de la realidad social que nos toca vivir». Como en anteriores ocasiones, el Ejecutivo vasco afirma que «judicializar la búsqueda de la paz» es el «peor de los caminos posibles si tenemos en cuenta que lo que está en juego es el beneficio colectivo de una convivencia en paz y libertad».

No sólo eso. Durante su comparecencia ante la prensa después del consejo de gobierno de los martes, Miren Azkarate advirtió que todo el Gabinete Ibarretxe «apoya y avala» los encuentros que «en el futuro» se van a producir entre el lehendakari y representantes de Batasuna. La portavoz del Ejecutivo explicó que los consejeros que la semana pasada se «autoinculparon» en apoyo al jefe del Gobierno, manifestaron ayer de nuevo que «han tenido conocimiento y han participado en las deliberaciones que han conducido a las reuniones que el lehendakari ha mantenido con la izquierda abertzale».