La Diputación puso ayer cifras a la polémica sobre la posible ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que cuestiona el peaje de la A-8. El diputado de Obras Públicas y Transportes, Eusebio Melero, anunció que, si los jueces deciden suprimir el canon hasta que se pronuncie el Supremo, exigirá un aval de 327 millones de euros para cubrir los perjuicios «de difícil reparación» que sufrirían las arcas forales.

La batalla legal sobre los peajes de la A-8 tiene por delante un largo recorrido. El Tribunal Supremo aún no ha admitido a trámite el recurso presentado por la Diputación y, si da este primer paso, tardará unos tres años en dictar la sentencia definitiva. La institución foral ha calculado las pérdidas que acumulará si durante este periodo se suprime provisionalmente el peaje, como solicita el PP. Dejaría de ingresar «150 millones en el tramo vizcaíno y 52 en el guipuzcoano». A esta cifra se suman 55 millones por «suspensión de contratos y aplazamiento de obras», en referencia a los terceros carriles de la autopista, y otros 70 por «la congestión» que se formaría al levantar las barreras.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidirá después del verano si ejecuta provisionalmente la sentencia y, en su caso, el importe del aval que debería depositar el PP. Con esta batalla judicial en dos frentes, el debate se planteó ayer por primera vez en las Juntas Generales. El apoderado Jesús Isasi preguntó a Melero por el futuro de las infraestructuras que cuentan con el peaje de la A-8 para su financiación, como la 'Supersur'. A su juicio, estas obras «están en peligro» porque tienen un «endeble» soporte económico. «¿Existe un plan B?», interpeló al diputado.

Melero no lo tiene porque se muestra convencido de que el Supremo se pondrá de su parte. «La política va a ser la misma que ahora», dijo. En su opinión, la sentencia que cuestiona el peaje «es un ataque a la foralidad» y a las competencias de la Diputación en esta materia. Además, «no se ajusta a la realidad» de la red viaria vizcaína.

Déficit hasta 2027

Los jueces consideran que el peaje sólo debe invertirse en la propia A-8, y no en otras carreteras. «Ignoran que las autopistas no son vías aisladas, sino redes interconectadas», criticó Melero. En apoyo de su argumentación citó dos directivas europeas -la última de este mismo año-, y dos normas estatales; el Reglamento de Bienes y Servicios Locales y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. «Con el peaje paga el usuario y no el contribuyente», enfatizó. «Y la UE dice que el que contamina paga».

El diputado aseguró que el tramo de peaje de la A-8 «no genera excedentes» y será «deficitario» hasta 2027. Como ejemplo, mencionó que para 2015 se habrán recaudado 645 millones en la autopista, pero se habrán invertido 930 en terceros carriles, nuevos enlaces, la conexión con la A-68 y otras mejoras, incluyendo los gastos de conservación. En su discurso, arremetió contra la «osadía, demagogia y falsedad» del PP, «característica de formaciones antisistema», y recordó que durante su etapa en Fomento aprobó varios proyectos de autopistas de peaje «que incluían financiación para tramos libres», como «la de Estepona, las radiales de Madrid o la circunvalación de Alicante».

El responsable foral también sacó a relucir la decisión que tomó el Gobierno del PP de prorrogar la concesión de la A-68 hasta 2026. «El mundial le está llenando la cabeza y usted se dedica a echar balones fuera», replicó Jesús Isasi. «La directiva europea que ha citado no va con el tema, se refiere a vehículos pesados, y en el Libro Blanco no viene lo que usted dice. Está hablando de temas que no tienen nada que ver. Si no tiene un plan B, dígalo», concluyó.