Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido hoy a dos empresarios de Navarra por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, en el marco de la investigación derivada de la desarticulación de una trama de extorsión de ETA, según han informado fuentes relacionadas con la investigación.

Por el momento se desconoce la identidad de los dos detenidos y los motivos que han dado lugar a la orden del juez, aunque otras fuentes han apuntado que los arrestos podrían estar relacionados con el hallazgo en el domicilio de Bayona de José Luis Cau, uno de los presuntos implicados en la trama de extorsión, de dos documentos tipo recibo de pago, en los que la banda reconocía haber percibido determinadas cantidades de dinero de dos empresarios a los que agradecía el pago.

En esos dos documentos mencionados figuraban los nombres de las dos personas que, supuestamente, habrían pagado a la organización terrorista. En el caso de que se adoptaran medidas judiciales contra estos dos empresarios serían las primeras que se aplican desde que hace dos años el juez Baltasar Garzón puso en libertad bajo fianza a cuatro directivos de la empresa navarra Azkoyen por el pago a ETA de cantidades que sumaron un total de 222.374 euros.

Conducta ilegal

El juez Garzón, en abril de 2004, puso en libertad bajo sendas fianzas de 20.000 euros a cuatro directivos de Azkoyen por autorizar el pago del dinero requerido por ETA. Los cuatro reconocieron que habían dado el visto bueno a que se pagara a la banda terrorista y alegaron que lo hicieron "por miedo".

El magistrado señaló en la resolución emitida que "el consejo de administración de Azkoyen Comercial S.A., hoy C.H.C. Hispano Lusa S.A., decidió acceder al pago que la organización terrorista exigía, conducta manifiestamente ilegal, en el sentido de que se refería a la distracción de fondos de la sociedad para un fin ilícito, conociendo que la partida iba a ser registrada contablemente como un 'gasto', con lo cual quedaba oculta la verdadera finalidad y ordenando la entrega de los 37 millones (de pesetas), en noviembre de 2001, siendo plenamente consciente del destino de los mismos".

La primera partida de doce millones de pesetas fue entregada a la banda en 1995. El último dinero, hasta completar los 37 millones, se entregó en 2001. En el sumario, además, fue procesado un profesor de la UPV de San Sebastián que actuó como mediador entre la empresa y la organización terrorista.