La izquierda abertzale parece haber interiorizado que el regreso a la legalidad no pasa por la derogación de la ley que proscribió su actividad, una alternativa rechazada taxativamente por el Gobierno socialista, sino por su refundación como organización política. Dirigentes de Batasuna han transmitido a los partidos en las últimas semanas por cauces discretos su disposición a impulsar su legalización ante el Ministerio de Interior con otras siglas y nuevos estatutos, que certifiquen su distanciamiento del uso de la violencia para poder sortear, así, la legislación que les ha imposibilitado concurrir a cualquier cita electoral desde hace tres años. Según fuentes conocedoras de los contactos, los independentistas sitúan en septiembre el inicio oficial de los trámites, lo que no sería incompatible con la escenificación a lo largo del verano de la decisión.