Después de meses de debates y batallas entre los diferentes sectores afectados, el Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente la Ley de Propiedad Intelectual. La nueva norma permitirá a los autores percibir una compensación económica por la copia privada en el ámbito digital, lo que conlleva la extensión del canon tradicional a los modernos soportes que graben o reproduzcan archivos (CD, DVD, MPR, impresoras, móviles, escáneres, etc). De este canon quedan exentos los discos duros de ordenador y las líneas ADSL. La norma traslada al área digital el modelo tradicional analógico aplicado desde 1992 a casetes y cintas de vídeo.

El texto fue apoyado por PSOE, PP, CIU y Coalición Canaria. Se abstuvieron PNV y ERC. Peneuvistas y republicanos consideran que la nueva legislación ha dejado al margen las competencias autonómicas. Además denunciaron la «falta de equilibrio» entre las partes (autores, consumidores, industria cultural, industria tecnológica...).

Antonio Louro, del PSOE, dijo que la ley nos acerca a Europa. «La nueva normativa servirá para atender las demandas urgentes de las entidades culturales; se trata de una apuesta por la cultura y sus grandes protagonistas, los creadores», subrayó. La diputada popular Beatriz Rodríguez-Salmones consideró a su vez que la ley «representa a todas las partes», aunque advirtió que deberá renovarse «permanentemente», al ritmo de los vertiginosos cambios en el área que regula. El texto supone un paso previo a una reforma más ambiciosa cuya meta es homologarse con las directivas europeas, y que se empezará a elaborar en los próximos meses.

Los detractores sostienen que la nueva ley carece de herramientas -tanto materiales como tecnológicas- que eviten la difusión digital de las obras acogidas a derechos de autor. Para paliar este déficit, Cultura fijará cada dos años los soportes digitales sujetos a canon y la cantidad que se deberá pagar por copia. De momento se mantienen las tarifas acordadas por la industria en 2003.

Derecho a ser citado

Otro de los puntos 'calientes' de la nueva ley se refiere a los resúmenes de noticias, reportajes o informaciones que determinados medios de comunicación elaboran apoyándose en los originales. Algunos periódicos y revistas exigían que se les pagara un canon.

El nuevo texto contempla el «derecho a cita en las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa». Es decir, el medio de comunicación está obligado a citar la procedencia. En caso de que los textos reproducidos «tengan fines comerciales», la fuente original podrá exigir una «remuneración equitativa».

El senador del PNV, Aitor Esteban, consideró que las enmiendas introducidas en el Senado «dificultan y alargan el procedimiento» y se mostró a favor de volver al texto que salió del Congreso inicialmente. Esteban afirmó que no se ha primado el equilibrio de intereses y recordó que el PNV se muestra crítico con las posiciones de los consumidores en determinados aspectos de esta ley. Asimismo lamentó que no se haya aplicado la distribución competencial en materia de propiedad intelectual.

Por su parte, el diputado Joan Tardá de ERC insistió en que «a pesar de alguna mejora proveniente del Senado, el texto no soluciona ciertos problemas» y destacó que la ley «no ha sabido encontrar la vía justa para equilibrar el derecho de los autores con el de la ciudadanía a la cultura». «Tampoco se han encontrado métodos más justos de control de los derechos de autor y de la distribución y finalidad del canon, ni se han reconocido las competencias económicas en este sentido», agregó.