Las cooperativas y las principales organizaciones agrarias españolas -Asaja, COAG y UPA- coincidieron ayer en rechazar la reforma del mercado del vino propuesta por la Comisión Europea al considerar que supondrá «el desmantelamiento del sector» en el país. En el mismo sentido se pronunciaron los productores europeos. El Ejecutivo comunitario confirmó su intención de introducir reformas de gran calado en esta actividad al apostar por el arranque de 400.000 hectáreas de viñedo y la supresión de algunos mecanismos de ayuda; particularmente, la destilación de crisis.

La comisaria de Agricultura, Mariann Fischer-Boel, fue la encargada de presentar los planes de Bruselas, que serán objeto de propuestas legislativas a finales de año o comienzos del próximo, con el propósito de que la nueva Organización Común del Mercado (OCM) se encuentre implantada en 2008 o, a lo sumo, en el ejercicio siguiente.

El Comité Europeo de Industrias del Vino, con sede en Bruselas, que agrupa a 24 federaciones nacionales de la industria y el comercio vitivinícolas, acogió favorablemente la propuesta, que consideró adecuada para fomentar la recuperación de la competitividad del sector y promover el consumo responsable en la UE.

Competencia

La comisaria explicó ayer que esta actividad se encuentra abocada a una crisis mayor, a causa del efecto combinado de su dimensionamiento excesivo y de la creciente competencia que sufre en los mercados internacionales y domésticos.

La producción media europea de vino en los cinco últimos años ha rondado los 178 millones de hectolitros, con un valor total de 16.000 millones de euros. Sin cambios, en la OCM, el sector experimentará a la vuelta de un quinquenio unos excedentes de 27 millones de hectolitros, equivalentes al 15% del total.

La Comisión contempla cuatro escenarios para afrontar la situación, de los que descarta tres por considerarlos ineficaces: el mantenimiento del 'statu quo' con cambios menores, la plena desregulación del mercado y la reforma basada en los cambios introducidos en la Política Agraria Común (PAC); es decir, separar las ayudas de la producción. La cuarta alternativa es una reforma profunda en dos etapas, e incluye la abolición de los derechos de plantación y de arranque.

La reforma en dos fases buscaría restablecer el equilibrio del mercado mediante la citada amputación de 400.000 hectáreas de viñedos, para lo que se asignarían hasta 2.400 millones en ayudas durante cinco años. El sistema de derechos de plantación caducaría en 2013, las zonas de viñedo abandonadas serían elegibles para la ayuda directa regional y los estados miembros de la UE dispondrían de fondos comunitarios en función de las hectáreas arrancadas para atender a necesidades específicas.

En las dos variantes, los sistemas de gestión de mercado serían suprimidos con carácter inmediato. Se trata de las ayuda a la destilación de subproductos, de la destilación de alcohol de boca, de las subvenciones al almacenamiento y las que se destinan a los mostos para enriquecimiento de vino, o para su comercialización en tanto que tales.