El presidente del Euskadi buru batzar, Josu Jon Imaz, se mostró ayer convencido de que algunos de los doce detenidos el martes por estar presuntamente relacionados con una red de extorsión que ETA utilizaba desde hace dos décadas podrían haber efectuado labores de intermediación entre los empresarios y la banda movidos «por razones humanitarias». Entre ellos, el líder del PNV apuntó hacia la figura de Julen Madariaga, co-fundador de la organización terrorista pero que en los últimos años se ha mostrado muy crítico con la actividad terrorista y sus métodos.

Tras asegurar que no conoce «a fondo» el sumario del caso, el dirigente peneuvista reconoció, en una entrevista concedida a Herri Irratia, inclinarse a pensar que entre los arrestados puede haber «gente que, en un momento determinado, presionada por el chantaje y la extorsión de ETA» habría buscado «a través de unas vías u otras intermediaciones acceder a determinadas personas» para hacer frente al pago que le reclamaba la banda.

«Muy vigilantes»

El presidente del PNV también aludió durante la entrevista a las misivas exigiendo el pago del llamado 'impuesto revolucionario' enviadas a empresarios una vez realizada la declaración de alto el fuego permanente. Imaz reconoció que su partido tenía datos de que, en los primeros días del mes de abril, apenas unas semanas después de entrado en vigor el cese de actividades de ETA, persistieron las cartas de extorsión.

Sin llegar a precisar si la formación jeltzale conoce, como ha denunciado la patronal navarra, el envío de nuevas remesas en las últimas semanas -«espero que no existan», dijo-, el líder del EBB advirtió de que su partido va a ser «muy vigilante para que eso haya desaparecido de forma definitiva y por que no haya ningún tipo de violencia y extorsión a profesionales o empresarios».

Por su parte, el presidente de SEA Empresarios Alaveses, Carlos Zarceño, exigió despejar «cuanto antes» las «dudas» sobre el envío de cartas extorsionadoras durante la actual tregua. A pesar de que aseguró no tener «ninguna constancia» de que miembros de su colectivo hayan recibido estas cartas, lamentó que esta cuestión «no esté lo suficientemente clara» y subrayó que los empresarios no entenderán el alto el fuego «como definitivo» hasta que se ratifique que no se produce ningún chantaje.