La discutida proclamación de 2006 como año de la memoria histórica es ya una realidad. El Congreso aprobó ayer, tras seis meses de debate, la proposición de ley que reconoce la segunda República como el «antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podemos contemplar al mirar nuestro pasado».

La iniciativa -presentada por IU- contó desde el primer momento con la oposición del PP, que la interpreta como un ataque al espíritu de consenso fraguado en la Transición. ERC y el PNV, en cambio, se abstuvieron en la última votación porque consideran que se trata de una ley «insuficiente» y «vacía de contenido». Mientras, la Cámara sigue esperando el proyecto de ley con el que el Ejecutivo prometió resarcir a las víctimas de la guerra civil y del franquismo.

La ley aprobada ayer no tiene más que un valor simbólico. De hecho, consta de un artículo único de dos puntos en el que se justifica la declaración del año de la memoria histórica como homenaje a las víctimas, y en el que los poderes públicos se comprometen a apoyar la celebración de actos que estimulen la reflexión sobre la guerra y la dictadura; emitir sellos y signos de franqueo conmemorativos; y velar por la edición de libros y vídeos pedagógicos sobre «la República, la represión de la dictadura franquista y la lucha por las libertades», y por su incorporación a las bibliotecas públicas.

En su exposición de motivos, el texto señala que es necesario recordar buena parte de los valores políticos y sociales que presidieron la República y adjudica a quienes los defendieron el éxito de la Constitución del 1978 como «instrumento de concordia y convivencia para el futuro». En el articulado, este reconocimiento se hace extensivo a quienes, con su esfuerzo «en favor de los derechos fundamentales, de la defensa de las libertades públicas y de la reconciliación entre los españoles», hicieron posible el régimen democrático actual.

Esta matización se introdujo en el Senado a petición de los socialistas, pero no bastó para convencer al portavoz del PP, Manuel Atencia. A su juicio, la mera formulación de la ley rompe el compromiso tácito adquirido por las formaciones políticas a finales de los 70 para «no usar la historia como arma arrojadiza».

Debate postergado

Según fuentes socialistas, es la dificultad para lograr el acuerdo con el PP y el temor a una actitud radical de formaciones como ERC lo que ha llevado al Gobierno a incumplir su última promesa de presentar el proyecto de ley de la memoria histórica en este periodo de sesiones. La comisión interministerial creada para su elaboración hace más de año y medio, hace tiempo que elaboró el informe en el que se sustentará la ley, pero permanece en un cajón a la espera del momento oportuno.

Una de las alternativas planteadas hasta ahora consistía en renunciar a elaborar un proyecto gubernamental y entregar a la Cámara el informe para que sean los grupos los que redacten la ley. La norma aprobada ayer ofrece al Gobierno este margen de maniobra, pero también le compromete a presentar en un mes el trabajo realizado.