El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska investiga los contactos mantenidos por el miembro del EBB del PNV Gorka Agirre con uno de los detenidos en la operación iniciada el pasado martes a ambos lados de la frontera en la que se ha desmantelado una red de extorsión etarra tras el arresto de doce personas. Según ha trascendido, dentro de los seguimientos que los agentes realizaron a los sospechosos se detectó hace más de un mes un encuentro entre uno de los presuntos responsables de la trama y el dirigente jeltzale.

Según la investigación, este destacado político del partido liderado por Josu Jon Imaz celebró encuentros con una de las personas detenidas en España y que, según las primeras investigaciones, coordinaba desde Euskadi los envíos del dinero procedente del chantaje a sus contactos en Francia. De las conversaciones telefónicas interceptadas por las fuerzas de seguridad a lo largo de las pesquisas se desprende que una reunión celebrada en Guipúzcoa entre ambos tenía que ver con las gestiones para el pago de una cantidad de dinero, aunque por el momento se desconoce los términos en los que el dirigente político habló con el detenido. Las fuerzas de seguridad investigan si se trataba de un pago o de una operación de intermediación, en la que el peneuvista representaría a otra persona. Los máximos responsables del PNV aseguraron ayer que desconocen cualquier dato sobre la supuesta relación de uno de sus miembros con algún detenido en la operación. Por su parte, fuentes judiciales destacaron que no es descartable que el alto cargo del partido jeltzale sea llamado a declarar por el magistrado para que aclare su relación con los detenidos. Este periódico intentó ayer, infructuosamente, ponerse en contacto con el burukide para conocer su versión de los hechos.

Gorka Agirre, responsable de relaciones exteriores del PNV, es uno de los miembros del partido que siempre se ha caracterizado por sus buenas relaciones con la izquierda abertzale y por haber participado en las reuniones que su formación ha mantenido con ETA. El pacto de Lizarra, en este sentido, fue muñido por Agirre en compañía de Egibar y el entonces líder jeltzale Xabier Arzalluz. Algunos de sus encuentros han sido conocidos a raíz de documentación incautada a miembros de la banda y, en algunos casos, también han sido revelados por antiguos dirigentes de la formación jeltzale en documentos públicos. Agirre formó parte del equipo de Joseba Egibar para intentar hacerse con la dirección del PNV. Pese a su derrota ante Josu Jon Imaz, Agirre consiguió entrar en el EBB.

Las relaciones entre miembros del PNV con la intermediación del 'impuesto revolucionario' ya aparecieron en sumarios judiciales en 2002. En aquella ocasión, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón incorporó un documento de ETA en el que se explicaba una reunión mantenida en 1993 en una sede de HB de San Sebastián entre Joseba Egibar y los entonces miembros de la mesa nacional José María Olarra y Rufi Etxeberria. Egibar, según la transcripción incorporada al sumario, pedía a HB que celebrasen una reunión con una persona «a la que había llegado una carta» y se le había creado «una grave situación».

Abogado de oficio

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que ha dirigido toda la operación junto con la magistrada francesa Laurence Le Vert, comenzó ayer a interrogar a los cinco miembros de la trama que fueron arrestados en España. El primero en declarar fue el periodista radiofónico Juan Pedro Harocarene, quien ingresó en prisión incondicional e incomunicada. El magistrado le acusa de integración o de colaboración con la banda -en función de los datos que aparezcan a lo largo de la investigación-, en relación con un presunto delito de extorsión perpetrado para captar fondos para financiar sus actividades.

El detenido entró en el despacho del juez a las siete menos cuarto de la tarde y prestó declaración asistido por un letrado de oficio durante casi tres horas. Harocarene contestó a las preguntas que le formularon el magistrado y el fiscal Juan Antonio Jabaloy, que tras el interrogatorio pidió que fuera enviado a prisión.

Todavía deben declarar ante el juez Joseba Imanol Elosúa y su yerno Carmelo Luquín -arrestados ambos en un apartamento de Santa Pola al que se habían trasladado un día antes de su detención- y José Manuel Sagarzazu e Ignacio Aristizábal, para quienes sus familiares solicitaron el 'habeas corpus'. Fuentes de la investigación aseguraron ayer que la declaración clave dentro de la investigación podría ser la de Joseba Imanol Elosúa, a quien se considera una persona con un papel determinante en toda la red. Elosúa es propietario del bar 'El Faisán', situado en Behobia, a unos metros de la frontera francoespañola. En el registro del establecimiento, realizado en presencia del juez Grande Marlaska, la Policía se incautó de más de 40.000 euros en billetes de 20. Los expertos no descartan que este dinero proceda del pago del denominado 'impuesto revolucionario'. En 'El Faisán' se localizó también un listado de números de matrículas que, según la primera inspección, correspondían a vehículos camuflados que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía había empleado durante la vigilancia de las actividades de la red.