La inseguridad, vinculada a la delincuencia común y el narcotráfico, sigue siendo uno de los principales caballos de batalla de esta gran nación norteamericana, en cuyos casi dos millones de kilómetros cuadrados viven 106 millones de habitantes que tienen al castellano como idioma oficial y otras 66 lenguas amerindias habladas por la vasta comunidad indígena.

El último de los incidentes violentos se produjo esta misma semana. Tres policías y cuatro civiles fueron decapitados en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos. Sus cabezas aparecieron en una bolsa de plástico debajo de un puente y sus cuerpos, desperdigados en zonas distantes. La Policía presupone que las muertes están relacionadas con el narcotráfico.

En enero de 2005, Vicente Fox desplegó agentes federales y soldados en las principales ciudades fronterizas y declaró «la madre de todas las batallas» a los carteles de la droga. Sin embargo, estos delitos han aumentado en la frontera norte. El narcomenudeo -en pequeña escala- se afianza en varios puntos del país.

Periodistas muertos

Además de los muertos en enfrentamientos y venganzas, dieciséis periodistas fueron asesinados en el desempeño de su labor informativa durante el año pasado. La mayoría de los crímenes estuvo relacionada con el tráfico de estupefacientes, según un reciente informe de Reporteros Sin Fronteras. El gobierno creó el pasado 15 de febrero una Fiscalía especializada en ataques a la prensa, pero no tiene jurisdicción en casos relacionados con el crimen organizado.

Varios cabecillas de los más importantes carteles de la droga fueron detenidos, pero al mismo tiempo que caen, surgen otros. Por ello, varios especialistas sugieren que México está desbancando a Colombia en cuanto al poder del narcotráfico se refiere.

Ricardo Gluyas Millán, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), aseguraba recientemente que el crimen organizado realiza operaciones de lavado de dinero de unos 600 millones de euros anualmente. Según el especialista, entre los años 2001 y 2005, las autoridades detectaron 13 millones de operaciones «inusuales, preocupantes o sospechosas de blanquear activos provenientes de actividades ilegales».