El miembro de la ejecutiva del PNV Gorka Agirre deberá presentarse el próximo martes en la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Fernando Grande-Marlaska como imputado por un presunto delito de colaboración con ETA. La citación del 'burukide' por el titular del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional trascendió poco después de la pasada medianoche, tras ser facilitada a las principales agencias de información por fuentes jurídicas. Asimismo, el juez también ha citado, aunque en este caso en calidad de testigo, al ex presidente del PNV, Xabier Arzalluz.

Agirre deberá prestar declaración en relación a su posible labor de intermediación en el cobro del denominado 'impuesto revolucionario' por parte de ETA. Arzalluz, por su parte, deberá declarar en relación al conocimiento que la Ejecutiva del partido nacionalista podría tener sobre el pago de empresarios vascos y navarros a la organización terrorista.

Previamente a la comparecencia de Agirre y Arzalluz, mañana prestarán declaración ante el juez Grande-Marlaska los dos empresarios detenidos el pasado viernes acusados de haber pagado el 'impuesto revolucionario'. El presidente de la patronal navarra, José Manuel Ayesa, consideró ayer «grave» que alguien ceda a la extorsión económica de la banda, pero mostró también su «solidaridad» con los dos arrestados.

Trasladados a Madrid

Los detenidos, que supuestamente habrían abonado 64.000 euros a la banda -sus nombres aparecieron en un recibo por este importe en la vivienda de uno de los detenidos- fueron conducidos ayer a la comisaría de Canillas en Madrid, donde permanecerán hasta mañana a la espera de pasar ante el juez, que podría dejarles en libertad o bien decretar una fianza.

A José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, socios propietarios de la empresa 'Construcciones Azpiroz y Saralegui S.L.', se les acusa de un presunto delito de colaboración con organización terrorista, una imputación que los partidos del tripartito vasco calificaron de «desproporcionada» y políticamente «intencionada», mientras que, desde el Ejecutivo foral, el PP y el PSE, con matices, se pidió respeto a las decisiones judiciales. También la patronal navarra evitó censurar abiertamente a los industriales detenidos -dueños de una firma especializada en obras públicas que tiene adjudicada, entre otros proyectos, la futura estación de autobuses de Pamplona-, porque, aunque la recomendación de la Confederación de Empresarios de Navarra «siempre es la de no pagar» -subrayó Ayesa-, también hay que mostrarse «respetuosos con las circunstancias personales» de las víctimas de la extorsión.

«Por eso yo, en principio, me tengo que mostrar solidario con ellos, porque ignoro las circunstancias y el tipo de presión que estaban recibiendo», insistió Ayesa, que pidió «no demonizar de entrada» a los empresarios que ceden al chantaje etarra «porque viven con una presión y una angustia importantes».

Así, el máximo representante empresarial en Navarra dijo comprender que haya a quien «se le arrugue el ombligo y pague» cuando es consciente de «que es objetivo prioritario de la banda y que tienen controlada a parte de su familia», aunque también destacó que la mayoría de los extorsionados se mantiene «firme» y que son «muy poquitos» los empresarios navarros que pagan el 'impuesto'.