Cuando el Acuerdo de Ajuria Enea y, más tarde, la resolución parlamentaria del 17 de mayo de 2005 abrieron la puerta a un «final dialogado» del terrorismo, se asumió el riesgo de afrontar la batalla, no sólo en el plano, por así decirlo, de la fuerza, sino también en el de la palabra. Se era consciente de que, a diferencia de lo que habría ocurrido en el caso de una derrota policial pura y dura, la utilización del instrumento adicional del diálogo iba a suponer la apertura de un proceso «dialéctico» en el que habrían de enfrentarse dos relatos contradictorios sobre una misma realidad.

Escuchar la palabra de los terroristas, y tratar de rebatirla, era, de algún modo, el precio a pagar por una opción arriesgada que, frente a la de la pura y simple derrota, ofrecía en principio la ventaja de hacer posible un futuro más reconciliado o, al menos, no tan enfrentado para la convivencia en el País Vasco.

Miradas así las cosas, no debería sorprendernos el discurso que, desde la declaración del alto el fuego, viene pronunciando la izquierda abertzale. Era de esperar que, cuanto más se acercara el momento de entablar las primeras conversaciones oficiales entre los representantes del Estado y los de los terroristas, más se iría cargando su discurso de tonos heroicos y contenidos triunfales.

Ofrecida, como se les ha ofrecido, la oportunidad de hablar, no podían sino aprovecharla en su propio beneficio. En tal sentido, los comunicados que ETA viene multiplicando desde aquella fecha, así como las declaraciones con que se prodigan sus adláteres, forman parte de ese relato faccioso que tanto aquélla como éstos se han visto obligados a elaborar, con el fin de salir victoriosos, cuando menos, de esta postrera batalla dialéctica de las palabras, una vez que habían dado ya por perdida la que en su día entablaron por la fuerza de las armas.

Sí sorprende, en cambio, que, frente a la bien aprendida retórica que exhibe la izquierda abertzale en su conjunto, las fuerzas que se sitúan del lado del Estado de Derecho hayan sido incapaces de tejer un relato igualmente compacto y consistente que pueda oponérsele a aquélla con posibilidades de éxito. Se ve que algunos sectores de la política y de los medios de comunicación, seducidos por la simplicidad de la derrota estrictamente policial que se les había vendido, no sólo como posible, sino incluso como inminente, no han querido readaptarse a la complejidad que implica recorrer el camino que ahora vuelve a proponérseles de poner punto final al ejercicio del terrorismo mediante el más difícil, pero, sin duda, también más conveniente, procedimiento de la palabra.

Y así, en vez de optar por construir, junto con el resto de los demócratas, un relato alternativo que rebatiera el que los terroristas se han fabricado en su provecho, han preferido dar credibilidad a este último, con el fin de que quede descalificado de antemano el procedimiento del diálogo que ahora de nuevo se les propone y se vuelva, en consecuencia, al anterior de la derrota policial.

Nada nuevo bajo el sol. A alguien podría sorprenderle que, para ilustrar lo que hoy nos está ocurriendo con este asunto del final dialogado de la violencia, eche yo mano ahora de lo que ocurrió en la transición española de la dictadura a la democracia. Y, sin embargo, hay algo siempre de común en las sociedades que optan por transitar de la anormalidad a la normalidad por la vía de la palabra en vez de por la de la fuerza. Ese algo consiste en la necesidad que se les plantea, a posteriori, de confrontar relatos.

Si Franco hubiera sido derrocado por una insurrección democrática o si, por situarnos en hipótesis menos inverosímiles, la reinstauración de la democracia después de la dictadura se hubiera producido como consecuencia de una auténtica ruptura en vez de por la vía de la reforma, no estaríamos asistiendo hoy, como de hecho estamos asistiendo, a la confrontación de dos relatos contradictorios sobre el final de la II República.

Aquella hipotética insurrección o esa hipotética ruptura habría arrumbado de raíz la posibilidad misma de un relato que atribuyera dicho final a causa alguna que no fuera, en exclusiva, el golpe militar del 18 de julio de 1936. Cualquier otro relato alternativo, como, por ejemplo, el de que la República fue responsable de su propio fracaso, sería hoy un relato proscrito, como lo son en Alemania o en Italia los relatos exculpatorios de las responsabilidades de sus regímenes nazi o fascista.

Así, pues, si el proceso de diálogo avanza y llega finalmente a buen puerto, el Estado de Derecho no habrá ganado todavía la batalla. Dos relatos de los hechos continuarán por mucho tiempo enfrentados. De quienes se han situado siempre del lado de la democracia dependerá que quienes hayan abandonado el terrorismo no logren imponer la veracidad del suyo. De momento, mal se ha comenzado.