El juez Fernando Grande-Marlaska ha dejado en libertad, tras tomar declaración, a los dos empresarios navarros detenidos por pagar supuestamente a ETA después de que la Fiscalía no pidiera ninguna medida cautelar, pero sostiene en su resolución que el pago fue voluntario y que se efectuó después de que la banda declarara el alto el fuego.

José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, socios de la constructora navarra AZYSA, S.L., abandonaron la Audiencia Nacional sobre las 14:30 horas de hoy después de prestar declaración ante el magistrado, al que aseguraron que nunca han entregado ningún dinero a la organización terrorista, aunque admitieron que ETA les exigió el pago del llamado 'impuesto revolucionario' en 2001.

A pesar de que la Fiscalía ya había anunciado que no pediría que se les impusiera medida cautelar alguna, requisito imprescindible para que el juez la acuerde, Grande-Marlaska intentó hasta el último momento que, al menos, los empresarios fueran obligados a comparecer periódicamente en el Juzgado o que se les prohibiera abandonar el territorio nacional.

En el auto notificado hoy, Grande-Marlaska insiste en que de los indicios que obran en la causa se concluye "la necesidad de adoptar alguna medida cautelar personal (...), pero en aplicación del principio acusatorio y no siendo en estricta técnica jurídica legal el aplicar cualquier restricción de la libertad si no es solicitada, se acuerda la libertad provisional sin ninguna limitación".

Imputados

Azpiroz y Saralegui, no obstante, permanecen imputados por un supuesto delito de colaboración con organización terrorista y deberán acudir al Juzgado siempre que sean citados. En su resolución, el magistrado explica que los dos empresarios fueron extorsionados por ETA en 2001, que les exigió el pago de una cantidad que no ha podido ser determinada y que les atribuyó "un código alfanumérico de identificación, como es habitual".

Añade que el pasado 29 de abril, y a través de un abogado, hicieron llegar 54.000 euros al fundador de ETA Julen Madariaga, detenido en Francia en el curso de esta misma operación, sin que se sepa si era el total reclamado por la banda o el último de los plazos acordados. "No obstante lo anterior (...), conviene referir cómo se hizo constar por los imputados el que deseaban hacer llegar a ETA que este pago lo era con carácter voluntario y con el fin de favorecer el denominado 'proyecto de paz'", señala el juez.

El auto agrega que el pasado martes, en el domicilio de José Antonio Cau Aldanur "se aprehendió el 'recibo' original donde ETA reconocía el citado pago de 54.000 euros, recibo fechado en junio de este año 2006, y el cual debía de ser entregado finalmente dentro de la lógica cadena a los imputados".

"Miedo insuperable"

Grande-Marlaska dice también, aunque no se extiende sobre este punto porque la causa permanece secreta, que en conversaciones intervenidas a Madariaga después del 29 de abril éste confirma a otros presuntos miembros de la trama de extorsión de ETA la entrega del dinero.

Para el juez, la actuación de los empresarios puede ser constitutiva de un delito de colaboración con organización terrorista, castigado con hasta 5 años de prisión, y su negativa a reconocer el pago -que para él ha quedado demostrado- impide aplicarles ninguna eximente de responsabilidad penal "como sería el miedo insuperable".