La posibilidad de que Batasuna vaya a iniciar en breve el camino de vuelta a la legalidad planea sobre la clase política desde hace unas tres semanas. De tanto en tanto, fuentes gubernamentales lo comentan con indisimulada satisfacción, aunque los afectados, los dirigentes del partido ilegal, muestran estudiada indiferencia y desinterés aparente.

Los cálculos que sobre la situación de Batasuna se están haciendo olvidan las razones por las que esta formación política fue puesta fuera de la ley tras un proceso judicial en regla. Ahora se valora la incomodidad -y el coste de imagen- que tiene reunirse con un partido que figura en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y por ello se prefiere que ese partido vuelva a tener reconocimiento legal.

Cada vez que un juez prohíbe un acto a Batasuna se oye un coro de protestas contra el magistrado, al que se presenta como un enemigo de la paz, un sujeto arbitrario que se ampara en la toga para impedir el ejercicio de los derechos por parte de un grupo de ciudadanos. Se obvia que en este caso hay dos sentencias, del Supremo y del Constitucional, que al amparo de la ley han establecido que este partido no puede desarrollar actividad política alguna. Es la muerte civil, tal y como estableció de forma expresiva el Constitucional en una resolución de diciembre de 2005.

El debate actual sólo tiene en cuenta la situación ilegal de Batasuna, pero pasa por encima de los motivos que condujeron al partido de Otegi a ese punto. El problema de fondo no es que esa formación política esté fuera de la ley. Ese, en todo caso, debiera ser el problema directo de los miembros de Batasuna, que ven limitadas sus posibilidades de actuar en la vida pública. El problema de la mayoría de la sociedad, en cambio, es que ese partido fue ilegalizado por sus connivencias con el terrorismo, por sus vinculaciones con ETA, por su justificación de la violencia.

Ahora, cuando se vuelve a hablar de la legalización, se insiste en la importancia de los plazos, del procedimiento o de la oportunidad, pero no se menciona la relevancia de que se produzca un distanciamiento nítido de la violencia. Batasuna, por su parte, aspira a recuperar el estatus legal sin hacer ningún gesto, obligando a que sea el Estado el que dé marcha atrás, el que reconozca su error.

Mientras tanto, no se ha molestado en dar ningún paso significativo para condenar la violencia, a pesar de que algunas de sus palabras fueran recibidas con aplausos en La Moncloa al inicio de la tregua. La semana pasada, en cambio, uno de los dirigentes de este partido volvía a justificar la existencia de la violencia callejera en los términos de siempre.

f.domínguez@diario-elcorreo.com