El secretario general del PP en Euskadi, Carmelo Barrio, aseguró ayer que, si se verifica la relación entre miembros del PNV y ETA, en referencia a la imputación a Gorka Agirre por un presunto delito de colaboración con banda armada, la formación peneuvista «tendría que hacer una profunda reflexión, tendría que pedir perdón a la sociedad, pedir públicas disculpas, porque sería una rebaja democrática sin ningún género de dudas».

Barrio avaló la labor del juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska para esclarecer las responsabilidades de la red de extorsión etarra. «Ha identificado una serie de tipos penales y lo normal es que vayan a declarar quienes han sido responsables de esos contactos, quienes los han mantenido y quienes dieron permiso, para que se clarifiquen todas esas relaciones que se atisban», añadió, en alusión también a la citación del ex presidente del EBB, Xabier Arzalluz, como testigo.

Su jefe de filas nacional, Mariano Rajoy, realizó una encendida defensa de los resortes del Estado de Derecho, al que animó a seguir funcionando independientemente de las coyunturas políticas porque «la ley no puede estar en tregua para nadie, aunque algunos crean que así es». El líder del PP aprovechó para dejar claro al Gobierno cuál sería el único calendario de negociaciones al que estaría dispuesto a adherirse para acabar con ETA: primero la disolución de la banda, luego la asunción por parte de Batasuna de los principios democráticos que lleven a su legalización y, en último término, el diálogo.

«No se puede negociar políticamente con una organización terrorista, porque es ilegal y porque, cuando negocias con quien tiene una pistola como instrumento negociador, has perdido», sentenció. Menos de 24 horas después de que Zapatero le volviera a emplazar para sumarse a su 'hoja de ruta' en materia de pacificación, Rajoy reiteró su negativa a explorar otras vías para acabar con el terrorismo que no sean «la ley, la Policía, la Guardia Civil, la Ley de Partidos, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo».

Así, enmarcó su rechazo ante una eventual legalización de Batasuna previa a la desaparición de la organización criminal. A su juicio, permitir a la formación que lidera Arnaldo Otegi que participe en la vida política es tanto como legalizar «a una parte de ETA». «Y tendremos dos ETAs -vaticinó-: una legalizada y otra con las pistolas para garantizar que se le hace caso a la legalizada cuando haya algún tipo de negociación».