Javier de la Rosa tendrá que volver a prisión. El financiero catalán recibió ayer su tercera condena en el macrojuicio por la suspensión de pagos de Torras-KIO, el grupo de origen kuwaití que le confió su expansión en España a finales de los 80 y que, tras apartarle de su vicepresidencia, le acusó de utilizar los recursos de la empresa para su enriquecimiento personal. Esta vez, la Audiencia Nacional le ha impuesto una pena de cinco años y dos meses de cárcel -siete veces menos de lo que pedía la Fiscalía Anticorrupción- como autor de un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad documental, relacionados con las llamadas operaciones 'Pincinco' y 'Oakthorn', con las que se pone fin a este largo proceso, el más voluminoso de la historia judicial española.

Con la sentencia dictada ayer por la Sección Primera de lo Penal, el empresario catalán -quien se encuentra en situación de libertad provisional- acumula condenas por un total de 13 años y ocho meses de cárcel, si bien el ministerio público solicitaba para él penas superiores a los 60 años. Si se suman las cuentas hechas por los distintos tribunales que le han juzgado, éstos consideran que dispuso de manera injustificada de 383 millones de euros -casi 65.000 millones de las antiguas pesetas- procedentes de las arcas de Torras, que en su mayoría fueron a parar a cuentas suyas, salvo los 11 millones desviados en 1992 al ex diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal.

Cuatro sentencias

La lectura de los cuatro fallos que ya han recaído sobre él y sus principales colaboradores permiten afirmar que todos ellos desviaron más dinero del grupo (se estima una cantidad superior a los 1.400 millones de euros). Pero las indemnizaciones impuestas han sido de un importe menor. En unas ocasiones, porque los jueces entendieron que en esas operaciones «no hubo engaño» a la empresa; por ejemplo, en una presunta manipulación de las acciones de Prima Inmobiliaria, a comienzos de los 90, y en el supuesto desvío de 65,44 millones de euros de Torras a Quail-Acie, una firma propiedad de De la Rosa. Él y sus socios han sido absueltos en ambos casos. En otras, porque los delitos supuestamente cometidos habían prescrito ('operación Croesus'), al final las indemnizaciones impuestas han sido de un importe menor.

El principal interés de los abogados de Torras en este largo proceso era recuperar la mayor parte del dinero, aunque sólo lo han logrado en parte. Así, el fallo difundido ayer libera a los acusados de resarcir al grupo kuwaití por el presunto desvío de otros 71,7 millones de euros ('Prima Inmobiliaria' y 'Quail-Acie'). Por el contrario, sí ordena a De la Rosa y sus cómplices devolver una cantidad que, pendiente de ser concretada en la ejecución de la sentencia, podría acercarse a los 320 millones por las piezas de 'Pincinco' -presunta apropiación de unos 240 millones de euros durante la Guerra del Golfo- y 'Oakthorn' -préstamo de 80 millones a una sociedad del mismo nombre-, al considerar probado el tribunal que desviaron el dinero para su «propio lucro».

El ex asesor jurídico de Torras Juan José Folchi -tres años y ocho meses de prisión- fue sentenciado por los mismos delitos que el financiero catalán, mientras que las penas para el ex diplomático Manuel Prado y el ex consejero delegado del grupo Jorge Núñez, resultaron menores (un año para cada uno). Además, y fuera de las condenas privativas de libertad, otras seis personas -o sus herederos, pues dos han fallecido- tendrán que indemnizar al antiguo emporio kuwaití con 3,2 millones de euros. Entre ellas figuran los ex altos cargos de Hacienda en Cataluña Ernesto de Aguiar y José María Huguet, considerados «partícipes a título lucrativo».