Entre las jornadas mundiales que tienen lugar durante el año con más carga simbólica que otra cosa, la de ayer, Día contra la Droga, se ha salido en esta ocasión del formalismo rutinario gracias a que su institución impulsora, Naciones Unidas, la ha acompañado del interesante Informe sobre las Drogas 2005. El organismo supranacional no se ha conformado con estadísticas sobre tipos y consumos de estupefacientes. El análisis de las cifras de producción de cada sustancia ilegal y del volumen de negocio que generan configura una dimensión más real de esta amenaza a la salud y a la vida de 200 millones de consumidores en todo el mundo.

El combate contra la droga y su poder destructivo debe poner énfasis en la persecución de sus redes económicas y financieras, o resultará inútil. El estudio de la ONU calcula que sólo el mercado minorista asciende a 400.000 millones de euros anuales, una cantidad que supera el PIB del 90% de los países del planeta. Solamente ese dato basta para entender la capacidad, la fuerza y los recursos de los que dispone esa red criminal. Esta consideración no es nueva, pero no termina de llegar a ciertos gobiernos, bien por ser de países productores, bien por ser rehenes de la corrupción sobre la que opera el narcotráfico. No en vano la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sostiene que la producción y el tráfico de drogas ilícitas obedecen de manera sustancial, si no exclusiva, a motivos económicos. Si aquella cifra de decenas de miles de millones de euros facturados por el 'menudeo' puede impresionar, lo verdaderamente dramático es que semejantes caudales salen de los bolsillos de los consumidores particulares, lo que con frecuencia desata la espiral drogadicción-delincuencia para obtener dinero. Y ello en un mercado sin controles, donde sólo impera la ley del más fuerte, con cifras de negocio para todas las sustancias, pues si la cocaína mueve 107.000 millones de euros y algo menos los opiáceos, los derivados del cannabis pueden superar los 137.000 millones. Datos y caudales que, pese a su reprobable origen, en su mayor parte terminan en los circuitos financieros legales, que es donde debe arreciar su persecución.