«Un evidente ejemplo de empresarios hechos a sí mismos, que empezaron de cero y han trabajado el éxito». Víctor Torres, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra (ACPN), no escatima halagos al describir la trayectoria profesional de José Javier Azpiroz y Juan María Saralegi, los empresarios que ayer prestaron declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska. Sin entrar a valorar el fondo de la cuestión que les ha llevado ante el magistrado -«uno puede no estar de acuerdo con que se ceda ante la extorsión, pero hay que ponerse en la piel de los amenazados»-, Torres antepone la capacidad de trabajo, profesionalidad e inversión que han «derrochado» los fundadores de la empresa constructora Azysa, convertida en «una de las seis firmas» del ramo más potentes de toda la comunidad foral.

La historia común de Azpiroz, de 57 años, y Saralegi, de 62, tiene dos nexos: el municipio navarro de Leiza, donde se criaron, y la construcción, profesión a la que se han dedicado desde hace tres décadas. Sin formación académica relevante, montaron de jóvenes una pequeña empresa, de apenas una veintena de empleados de Leiza que comenzó con el nombre de Construcciones Azpiroz y Saralegi, y que con el paso de los años se ha transformado en el Grupo Azysa, con más de 200 personas en nómina, dos instalaciones en Pamplona y una tercera recién inaugurada en Zizur Mayor, y unos ingresos anuales que superan los 50 millones de euros.

El crecimiento del negocio queda reflejado en el tipo de obras que la empresa ha venido desarrollando desde su constitución. De unos inicios centrados en la reforma de viviendas y en la urbanización de pequeños municipios de la comunidad foral, en los últimos años la firma se ha especializado en grandes proyectos de obra pública, con la construcción de carreteras y autovías, parques eólicos y canales hidráulicos como carta de presentación de la firma. La construcción de la nueva estación de autobuses de Pamplona, con un presupuesto de 46 millones de euros, y un puente para el tren de Alta Velocidad, con una factura de 16 millones, figuran en la relación de trabajos en curso.

En el plano más humano, quienes les conocen inciden en el carácter «reservado» y «hogareño» de los dos empresarios. De hecho, es difícil encontrar fotos de alguno de los dos en actos públicos. Un ejemplo de todo ello se ha visto durante estos días cuando ambos han rehuido a los fotógrafos. Sólo se han remitido ante los medios a una nota facilitada por el bufete de abogados que les representa, en la que ambos niegan «categóricamente» que hayan pagado el denominado 'impuesto revolucionario' a ETA.

En la órbita de EA

Casados y padres ambos de familia numerosa, tienen su residencia habitual en Pamplona, aunque Saralegi aprovecha los fines de semana para volver a un caserío a escasos kilómetros de Leiza. «Como de lunes a viernes están de trabajo hasta arriba, aprovechan los sábados y domingos para descansar» asegura el alcalde de Leiza, Patxi Sáenz (Aralar). Saralegi, al menos, mantiene su afición a la caza «y es un fijo de la temporada de esquí», añade. Miembros de la sociedad gastronómica 'Etxe zuria' de Leiza, ambos mantienen desde hace años el patrocinio de un equipo ciclista aficionado, con el mismo nombre de su grupo empresarial.

Por otra parte, portavoces de EA reconocen que tanto Azpiroz como Saralegi «orbitan» ideológicamente alrededor de esta formación sin llegar a ser militantes, aunque algunos de sus conocidos sostienen que los dos empresarios se relacionan con «un amplio abanico» de tendencias políticas. Ante el juez estuvieron acompañados por el ex fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos, en excedencia de ese cargo desde el pasado febrero para trabajar en un prestigioso bufete de abogados de Madrid.