El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska dejó ayer en libertad a los empresarios navarros José Javier Azpiroz y Juan María Saralegi, detenidos el viernes, a los que acusa de pagar el denominado 'impuesto revolucionario' a ETA. El magistrado asegura en su auto que ambos detenidos abonaron «voluntariamente» 54.000 euros a la banda «con el fin de favorecer el denominado 'proyecto de paz'». El instructor mantiene la imputación de colaboración con organización terrorista.

El fiscal del caso, Juan Antonio García Jabaloy, no pidió ninguna medida cautelar, por lo que al instructor no le cabía otra posibilidad que dejarles en libertad, sólo con la obligación de notificar su domicilio y estar disponibles en todo momento para declarar. El Ministerio Público dio por buena la versión de los imputados, quienes, asistidos por sus abogados de confianza (no incomunicados), sostuvieron en todo momento no haber pagado jamás el chantaje a la banda terrorista. Azpiroz y Saralegi sólo reconocieron haber recibido en 2001 dos cartas de extorsión pero aseguraron que nunca cedieron.

El auto del juez, sin embargo, trasluce cierta contrariedad, al considerar la «necesidad de adoptar alguna medida cautelar personal, entiéndase obligaciones de comparecencia o prohibición de abandonar territorio nacional, pero no siendo legal el aplicar cualquier restricción a la libertad si no es solicitada, se acuerda la libertad provisional sin ningula limitación», salvo la de comparecer si son llamados.

Los dos industriales dijeron desconocer por qué en un registro en la casa, en Bayona, del supuesto miembro del aparato de extorsión de ETA José Antonio Cau se encontró el pasado martes un recibo a nombre de su empresa, Azysa S.L., por valor de 54.000 euros fechado en junio de este año. Azpiroz y Saralegi coincidieron durante la hora larga de interrogatorios en que era probable que la banda tuviera el recibo preparado por si se hacía efectivo el pago, pero que el hecho de que éste permaneciera en poder todavía de ETA probaba que no se había realizado.

La versión del juez, sin embargo, es bien diferente. Grande-Marlaska sostiene que, efectivamente, en 2001 recibieron cartas de extorsión «por una cantidad total que todavía no ha podido ser determinada». Los dos encausados -añade el magistrado- hicieron un pago a ETA el 29 de abril de este año «a través de un abogado cuya filiación se desconoce al día de la fecha». Con la mediación de ese letrado, «Azpiroz y Saralegi hicieron llegar a Julen Kerman Madariaga (fundador de ETA y detenido en Francia en esta misma causa) la suma de 54.000 euros, no constando si era el total de lo reclamado o era el último plazo que hubiera podido ser convenido con la organización terrorista ETA», señala el escrito del juez.

Sea como fuere, Grande-Marlaska argumenta que por parte de los empresarios «se hizo constar el que deseaban hacer llegar a ETA que este pago lo era con carácter voluntario y con el fin de favorecer el denominado 'proyecto de paz'». Allegaron dinero a ETA, dice el juez, «aún estando en situación de alto el fuego».

El instructor insiste en que la prueba principal del pago es el recibo encontrado en el domicilio de Cau con fecha de junio de este año. «Dicho pago -añade- queda avalado por las manifestaciones de Julen Madariaga, quien de forma clara y expresiva refiere cómo el 29 de abril recibió los 54.000 euros por mediación de un abogado de confianza de los hoy imputados».

'Pinchazos' telefónicos

Fernando Grande-Marlaska señala que también hay 'pinchazos' telefónicos al fundador de ETA en días posteriores al 29 de abril en los que Madariaga «refiere a otros imputados la entrega del dinero para hacerlo llegar a ETA por los cauces ordinarios». Además, el juez asegura que hay otras pruebas que incriminan a los empresarios pero que no desvela en este momento procesal al encontrarse la causa secreta.

Todo ello, al margen de que el instructor dice no terminar de creer la versión de que los detenidos sólo recibieron dos cartas. El magistrado explica que «las investigaciones desarrolladas sobre el aparato de extorsión de ETA» han demostrado que la banda envía hasta cuatro cartas a los empresarios renuentes a pagar el 'impuesto', por lo que no considera creíble que sólo recibieran dos misivas. Además, Grande-Marlaska subraya las contradicciones en las declaraciones de los imputados: mientras que Aspiroz sostiene «en todo momento» que fueron dos las misivas, su socio en un principio dijo que había sido una sola carta, para luego rectificar.

Para el magistrado, la actuación de los empresarios puede ser constitutiva de un delito de colaboración con organización terrorista, castigado con hasta cinco años de prisión, y su negativa a reconocer el pago impide que se les pueda aplicar por el momento la eximente de «miedo insuperable» ante las amenazas de la banda armada.