El ya de por sí alambicado proceso judicial que se sigue contra el Impuesto de Sociedades del País Vasco por los recursos presentados por los gobiernos de Castilla-León y La Rioja, así como por la patronal y el sindicato UGT de esta última comunidad, se va a complicar ahora con las discrepancias internas en los partidos de Euskadi. Una votación celebrada ayer en las Juntas Generales de Álava permitió evidenciar que en el seno del PNV y del PSE-EE no existe unanimidad de criterio respecto a la última propuesta que ha realizado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco: realizar una consulta a la Corte de Luxemburgo para que determine si el tributo que se aplica a los beneficios empresariales en la comunidad autónoma se puede considerar como una «ayuda de Estado». Ésta fue, precisamente, la tesis que sostuvo el Supremo español cuando a principios de 2005 decidió declarar ilegal el tipo de gravamen, establecido entonces en el 32,5%.

Los representantes socialistas y nacionalistas se opusieron ayer a esa consulta en una votación celebrada en la Mesa de las Juntas de Álava. Esta institución debía emitir una opinión sobre el procedimiento, ya que así se lo había pedido el Tribunal Superior. Tan sólo el representante del Partido Popular mostró su respaldo a la iniciativa planteada por los jueces.

«Salida válida»

La pasada semana, dirigentes del PSE manifestaron su respaldo a esa propuesta ya que, a su juicio, puede ayudar a clarificar jurídicamente el tratamiento del Impuesto de Sociedades vasco. De esa forma se desmarcaron del secretario general en Álava de este partido, Txarli Prieto, que ya había anticipado su opinión en contra de la consulta. En el lado nacionalista, la propia vicelehendakari del Gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia, declaró que esta opción, pese a plantear algunos riesgos, es una «salida válida». Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, controladas por el PNV, también habían basado en una consulta de este tipo el recurso que presentaron ante el Constitucional para tratar de dejar sin efecto la sentencia del Supremo contra el impuesto.

Portavoces del PNV justificaron su posición en las Juntas por tratarse de «un órgano legislativo», cuyas decisiones «no deben estar condicionadas por otros».