El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió ayer en defensa del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska tras las críticas recibidas por imputar al dirigente del PNV Gorka Agirre y ordenar la detención de dos empresarios navarros por la trama de extorsión a ETA.

La Comisión Permanente del Poder Judicial acordó un escrito en el que pide que cesen «los ataques personales» que buscan «deslegitimar» la actuación del instructor. Según el órgano de gobierno de los jueces, «el cúmulo de descalificaciones realizadas por distintos responsables políticos» al trabajo de Grande-Marlaska no están amparadas en la «siempre lícita y deseable» libertad para criticar las resoluciones judiciales.

Estas descalificaciones -entiende el CGPJ- han «sobrepasado los mínimos cánones de racionalidad» y «resultan incompatibles con el debido respeto al Poder Judicial». El escrito asegura que los ataques no han buscado «la crítica de las resoluciones», sino «la deslegitimación social del magistrado».

«El Consejo General del Poder Judicial hace una llamada al respeto que merecen en todo caso las resoluciones adoptadas por los integrantes del Poder Judicial y solicita que las críticas que se realicen a propósito de ellas no traspasen los límites que impone el principio de división de poderes inherente al Estado de Derecho», concluye el acuerdo de la Permanente.

Este texto de apoyo a Grande-Marlaska contó el voto en contra de dos de los magistrados de la minoría progresista, Juan Carlos Campo Moreno y Luis Aguiar de Luque -propuestos por el PSOE-, quienes sostienen que las críticas a la actuación del juez forman parte de la libertad de expresión. Votaron a favor el portavoz del CGPJ, Enrique López, su presidente, Francisco José Hernando, y el vocal propuesto por el PP Javier Laorden.

No sólo de los ámbitos político y empresarial proceden las críticas a Fernando Grande-Marlaska. Ayer, el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo acusó al juez de estar «dificultando gravemente el proceso de paz» y «sirviendo a los intereses antidemocráticos del PP». Por su parte, el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, de la minoría progresista, pidió a Marlaska que haga resoluciones «explicables y entendibles por la sociedad».