El presidente de la patronal vasca Confebask, Miguel Lazpiur, reconoció ayer que «a los empresarios les preocupa la detención» de otros industriales, como la de los dos navarros arrestados por pagar presuntamente el denominado 'impuesto revolucionario' de ETA y que el lunes fueron puestos en libertad. Lazpiur, quien acudió a la localidad guipuzcoana de Bergara para participar en la inauguración de una nueva sede de Elkargi, manifestó antes de su intervención que «indudablemente a los empresarios no les hacen gracia estas cosas».

Preguntado por si le habían causado sorpresa los arrestos, el presidente de Confebask reconoció que actualmente «estamos en un momento tan delicado que hay sorpresa tras sorpresa», aunque declinó hacer más declaraciones al respecto al entender que, en todo caso, quienes deberían pronunciarse serían las organizaciones empresariales de Navarra.

El presidente de la patronal guipuzcoana Adegi, Eduardo Zubiaurre, presente en el mismo acto, se pronunció en parecidos términos y consideró «incomprensible» que se impute a empresarios en relación al pago de la extorsión, cuando es «gente víctima de toda esta situación». «Lo que tiene que hacer el Estado de Derecho es defendernos», reivindicó.

«Ponerse en su lugar»

Tras apelar a «la presunción de inocencia» de los industriales imputados por la Audiencia Nacional, Zubiaurre reprobó «toda actividad de extorsión, de amenazas, de chantajes», y dijo no entender «cómo se puede estar haciendo pasar por estos trances» a quien es «víctima» de todo ello. En este sentido, transmitió su «ánimo y solidaridad a todos los empresarios» afectados por la extorsión, «sea cual sea su respuesta y su actitud ante esas situaciones tan difíciles, lamentables y condenables».

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Manuel Ayesa, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una reunión del Consejo Económico y Social, señaló que hasta donde él conoce «la colaboración voluntaria que se les achaca está basada en las declaraciones de uno de los imputados y detenidos por la trama económica de ETA que es Julen Madariaga». Recalcó que prefiere «dar crédito a los empresarios detenidos que no a los miembros de la banda terrorista».

Ayesa, quien precisó que hablaba «desde el desconocimiento de las declaraciones que han hecho los empresarios en la Audiencia Nacional», insistió en que desde la CEN lo que hacen «de forma reiterada es denunciar a los extorsionadores y dar el mayor crédito a los extorsionados, porque fundamentalmente hay que ponerse en su lugar».

En esta línea, reiteró que «toda esta trama del 'impuesto revolucionario' se basa en una actuación absolutamente perversa de los extorsionadores, de los terroristas y, por consiguiente, poco crédito nos puede merecer lo que diga uno de los miembros del aparato económico de recaudación de la banda terrorista».