«Ninguno de nosotros ha estado ni negociando ni rebajando la extorsión». El ex presidente del PNV Xabier Arzalluz fue tajante ante el juez Fernando Grande-Marlaska, quien le interrogó ayer como testigo en el sumario abierto contra la red de chantaje de ETA. El veterano político, sometido a un trance desconocido para él y que durante los 50 minutos que duró su declaración negó con insistencia que su partido haya mediado nunca en los pagos a la banda, denunció a la salida del juzgado la «politización de la justicia» y advirtió de que esta dinámica puede conducir a que su partido «impugne la Constitución».

El ex dirigente nacionalista llegó a la Audiencia Nacional a las 9:50 horas, escoltado por un nutrido grupo de policías y arropado por su sucesor en el cargo, Josu Jon Imaz; el portavoz jeltzale en el Congreso, Josu Erkoreka; y los diputados, Margarita Uria, José Ramón Beloki, Pedro Azpiazu y Emilio Olabarria, uno de sus apoyos incondicionales durante su liderazgo al frente de la formación nacionalista. También estuvieron a su lado su mujer, su secretaria de siempre -esposa, a la sazón, de Gorka Agirre, citado como imputado en la misma causa- y varios militantes llegados de Guipúzcoa que le saludaron con calor.

Durante el interrogatorio, en el que fue tratado de manera «exquisita» según sus propias palabras, fue preguntado sobre un 'pinchazo' telefónico en el que Arzalluz hablaba con su interlocutor sobre la «preocupación» que el envío de una carta de extorsión recibida tras el alto el fuego había provocado en un empresario. El ex presidente del PNV aseguró que en esa conversación no se habló de si se debía pagar o no, sino que él mismo dejó claro que «no aceptamos una tregua con extorsión». Una posición que ha sido sostenida públicamente con firmeza por la ejecutiva de Imaz.

Fuera del juzgado, el ex responsable nacionalista aseveró que «por supuesto» que el PNV ha conocido durante años los casos de extorsión, pero que desde el partido siempre se ha dado la misma consigna: «No paguéis». y Llegó a explicar que en su formación existe una «ley interna por la que se prohíbe a cualquier afiliado del PNV pagar ningún impuesto ni a ETA ni a nadie, so pena de expulsión». Admitió, no obstante, que «a veces se presentan casos en que alguno ha pagado» y se preguntó, retóricamente, «¿qué haces con él?».

El ex líder del EBB sí hizo hincapié en los cambios que se han detectado en las cartas enviadas por ETA tras el alto el fuego. Según interpretó, las misivas recibidas después del cese de actividades de la banda se «han intentado justificar» en que «eran compromisos (de pago aplazados) que se habían tomado antes» del anuncio del 22 de marzo. Así, destacó que las cartas posteriores a la tregua están redactadas en «otro tono». «Vienen prácticamente a pedir la colaboración para el proceso de paz. Ya no es eso de que le vamos a hacer esto y lo otro a usted y a su familia. Es otra cosa», destacó.

«De orden público»

Al margen de la extorsión de ETA, Xabier Arzalluz aprovechó su paso por la Audiencia Nacional para criticar la «politización de la justicia». El ex dirigente, que constató que era la primera vez que acudía a una citación judicial, dijo haberse personado con «mucha prevención» en la Audiencia Nacional, a la que calificó de «tribunal de orden público». Con una entonación y unas palabras que, en varios momentos, evocaron el tiempo en que aún presidía su partido, Arzalluz no desaprovechó la ocasión de recordar dos episodios dolorosos para los peneuvistas -el juicio a Juan María Atutxa y la querella contra el lehendakari por reunirse con Batasuna- y denunció una persecución judicial contra el PNV.

El antiguo responsable nacionalista dijo ver «con mucha preocupación» este proceso de supuesto acoso y advirtió de que «si siguen las cosas por este camino puede llegar el momento en que impugnemos la Constitución y no la acatemos». Todo ello, tras insistir en que el PNV no votó a favor de la Carta Magna, aunque hasta ahora siempre la haya cumplido. «La ley antiterrorista va contra el nacionalismo, no contra ETA», dedujo Arzalluz, para quien la Audiencia Nacional está siguiendo la «línea Bush»: está «poniendo el terrorismo por delante, todo vale», incluso considerar a los vascos como «ciudadanos de segunda clase».

Por su parte, Imaz reiteró que las «actuaciones de jueces-estrella no ayudan» en el camino de «consolidar la paz». «La sociedad vive un momento de esperanza y es obligación de todos dar pasos que ayuden a hacer la paz irreversible», enfatizó. Según el máximo responsable del PNV, tanto Arzalluz como Gorka Aguirre son «dos personas con un fuerte compromiso en contra de la violencia en Euskadi y a favor de la paz», por lo que tildó de «indignante» y «absurda» la actuación de Grande-Marlaska. La abogada de Aguirre, Arantza Isasmendi, personada desde el martes en la causa, intentó ayer sin éxito asistir a la declaración de Arzalluz. Isasmendi anunció una queja formal ante el juzgado.