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Treinta detenidos en un nuevo golpe a la corrupción urbanística en la Costa del Sol
La segunda fase de la 'Operación Malaya' afecta a 16 ex concejales y una decena de constructores
Treinta detenidos en un  nuevo golpe a la corrupción urbanística en la Costa del Sol
OSTENTACIÓN. Fachada de la casa del empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez. / EFE
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La Policía y el juez marbellí Miguel Ángel Torres pusieron ayer en marcha la segunda fase de la de 'Operación Malaya' contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol. El nuevo golpe, una continuación de la redada de marzo pasado, se ha saldado por el momento con la detención de 30 personas; entre ellas, 16 ex concejales de Marbella y una decena de constructores, la mayoría andaluces muy conocidos.

La macrooperación se desarrolló en las provincias de Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid y Navarra. Todos los detenidos -entre los que también se encuentran el ex jefe de la Policía Local o el anterior secretario municipal, que ya habían sido arrestados en la primera fase- pasaron a disposición judicial ayer mismo para responder de acusaciones de prevaricación y cohecho.

En el dispositivo, coordinado por la el juez Torres y la Fiscalía Anticorrupción, participaron más de 300 agentes. Los funcionarios registraron las viviendas de los ex concejales y los constructores, al tiempo que se intervinieron propiedades e importantes cantidades de dinero, aun- que su cuantía no ha sido aún precisada.

La segunda fase de la 'Operación Malaya' tiene su origen en la documentación hallada en las dependencias municipales de Marbella y otros inmuebles, así como en cientos de cuentas bancarias bloqueadas. La Policía espera que las nuevas detenciones sirvan para clarificar los convenios urbanísticos irregulares de Marbella.

Los 16 ex concejales arrestados, y alguno de los ex trabajadores del Consistorio que han corrido su misma suerte, ya eran investigados por haber recibido presun- tamente dinero y prebendas a cambio de favores políticos y votaciones en los plenos municipales. Entre los concejales acusados figura Tomás Reñones, alcalde accidental tras la detención de la ex alcaldesa Marisol Yagüe y ex futbolista del Atlético de Madrid.

'Sandokán'

Sin embargo, esta vez las autoridades también prestaron atención a los promotores y constructores de la Costa del Sol. La Policía detuvo a Francisco García Lebrón, dueño de la constructora 'Aifos', y al promotor Cristóbal Peñarroya Sáncheza; a Francisco Aranda Núñez, testaferro del principal cerebro de la red marbellí, Juan Antonio Roca; al poderoso constructor murciano Tomás Olivo; al promotor granadino José Ávila Rojas; y a Rafael Gómez Sánchez, conocido en Córdoba como 'Sandokan' y que tiene 313 viviendas paralizadas judicialmente en Marbella.

'Sandokán' es propietario de la inmobiliaria Arenal 2000, del parque de atracciones Tivoli Worl y de la clínica Xanit, ambos en Benalmádena (Málaga). El PSOE y Los Verdes de Córdoba le han denunciado públicamente por presunto trato de favor urbanístico desde el Ayuntamiento.

En Madrid fueron arrestados Emilio Miguel Rodríguez Bugallo (Construcciones Salamanca); Gonzalo Fernández Castaño; Enrique Ventero Terleira, Carmelo Armenta Rodríguez y Fidel San Román, uno de los principales accionistas de 'Taurovent', sociedad concesionaria de la Plaza de Toros de las Ventas. Mientras tanto, en Sevilla fueron conducidos a comisaría los ganaderos Ignacio y Manuel González Sánchez-Dalp, apoderado del torero Francisco Rivera Ordóñez.

La 'Operación Malaya' arrancó a finales de marzo pasado, tras cinco meses de investigación, con la detención de 28 personas presuntamente responsables de participar en una trama de corrupción urbanística en Marbella. Entre los acusados se encuentran la ya ex alcaldesa Marisol Yagüe, la teniente de alcalde Isabel García Marcos y el asesor de Urbanismo José Antonio Roca, considerado el cerebro de la organización.

En marzo también fueron detenidos varios empresarios y abogados que Roca empleó como testaferros. Fuentes de la investigación estiman que el valor de los bienes e inmuebles incautados en esa primera fase ascendería a más de 2.400 millones de euros. El Gobierno disolvió la Corporación y se nombró una gestora para dirigir Marbella hasta las elecciones de 2007.



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