Los propietarios de viviendas en la urbanización El Encinar de Arnuero, en la localidad cántabra de Isla, están «dispuestos a todo» para evitar que sus casas sean derribadas. Sobre las construcciones pesa una sentencia del Tribunal Supremo que las condena a la piqueta. De hecho, esta semana el pleno del Ayuntamiento del enclave costero aprobó sacar a concurso la demolición de los dos primeros bloques de la promoción, que se hará efectivo antes de final de año.

Pese a que estas construcciones no se encuentran ocupadas, los 144 propietarios que habitan el resto de apartamentos -también sentenciados- no están dispuestos a que desaparezca ni una sola de las construcciones. «Si quieren tirarlas, tendrán que sacarnos con los pies por delante», advirtió la portavoz de los afectados, Mercedes Díaz.

«No entendemos por qué nuestro alcalde se empeña en ahorrar dinero para echar abajo nuestras casas y no para indemnizarnos», lamentó la propietaria, quien reconoció que los vecinos «sentimos que los políticos nos toman el pelo», acusó Díaz.