La reciente sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, según la cual las 'comisiones militares' constituidas para juzgar eventualmente a los 'combatientes enemigos' detenidos en Guantánamo son contrarias a las leyes norteamericanas y a la Convención de Ginebra, fuerza al Congreso a abordar la nueva situación en cuanto concluya el receso legislativo por la fiesta del 4 de julio. El Supremo, que ha propinado un severo varapalo a la política antiterrorista de la Administración Bush aunque no se ha pronunciado sobre la legalidad del encarcelamiento indefinido de los 450 sospechosos de terrorismo, sí ha estimado que el presidente «se extralimitó» en sus funciones ejecutivas, aunque para hacerlo hubiese usado las facultades extraordinarias que supuestamente le otorgaba la legislación tras el 11-S. Se aceptan así las tesis de la defensa de Salim Ahmed Hamdan, antiguo chófer de Osama Bin Laden, el primero de los diez detenidos que debían pasar en los próximos meses por las abolidas 'comisiones'.

El dictamen del alto tribunal, para muchos expertos el más importante sobre las competencias presidenciales desde la Segunda Guerra Mundial, ha hecho que los líderes republicanos del Capitolio hayan volado en auxilio del Gobierno, pero no será fácil articular una solución porque lo que pide el Supremo es una corte marcial ordinaria y los acusados no son soldados de un ejército nacional convencional, sino sospechosos de combatir en una causa transnacional y sin expresión estatal alguna. Incluso en el alto tribunal la decisión fue muy ajustada, cinco votos a favor y tres en contra.

La batalla legal que ha precedido a la sentencia del alto tribunal tiene un formidable correlato político que la Casa Blanca ha querido ir encajando poco a poco -como si esperase la severa desautorización- con las manifestaciones públicas del propio Bush afirmando en encuentros con sus aliados que también a él le gustaría cerrar Guantánamo y que su decisión dependería de la resolución del Supremo. Cabe suponer, por tanto, que el nuevo contexto acelerará lo que la Casa Blanca percibe como la salida menos mala: deportar a los detenidos a sus países de origen, como ya se está haciendo, y retener cuanto pueda al grupo de presos que cree más notoriamente vinculado a acciones terroristas. De lo que no cabe ya ninguna duda es de que, si hay finalmente juicios, éstos deberán ser conformes a la ley estadounidense y a la Convención de Ginebra. Los tribunales militares especiales son cosa del pasado.